El servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaría de basuras es, probablemente, el de mayor importancia de cuantos gestiona el Ayuntamiento. Es la competencia municipal por excelencia Es el de mayor cuantía económica (diecisiete millones anuales en la actualidad). Afecta a todos los ciudadanos sin excepción y durante todos los días del año. Es un factor determinante en la percepción subjetiva sobre la calidad de vida, por lo que está permanentemente evaluado por el conjunto de la población. Todas estas características aconsejan que se trate de un servicio municipalizado. Sin embargo, el Gobierno prefiere “desentenderse” de asumir directamente la responsabilidad de organizar un buen servicio a medida de las necesidades de la ciudadanía y delegar su competencia en una empresa privada, que lógicamente se mueve por otros intereses y con otras intenciones. Así que el Gobierno, cuando venció el contrato anterior que duró veinte años (y que fue objeto de sucesivas polémicas envueltas en más que fundadas sospechas de corrupción), decidió continuar con idéntico modelo. La propuesta de gestión directa fue derrotada. Para ello se esgrimen, básicamente, dos argumentos; por un lado la “incapacidad” de la administración para gestionar un servicio de esta complejidad (lo que no es sino una declaración de su propia ineptitud); y por otra parte, el hecho de que así se haga en la mayoría de los Ayuntamientos (obviando que es así porque estas contrataciones, por cantidad y duración, son fuente de generosas comisiones ilegales y financiación ilegal de no pocos partidos políticos).
A principios del año dos mil trece, el Gobierno decidió adjudicar el servicio de limpieza de Ceuta a una empresa neófita en el sector que fue la única que concurrió al proceso de licitación convocado a tal efecto. La empresa “ganadora” (una unión temporal entre un potente grupo empresarial local y una desconocida empresa radicada en Almería) presentó una oferta aparentemente muy ventajosa para la Ciudad. Redujo el precio del contrato en un diez por ciento anual (un millón y medio de euros anuales de “ahorro”) y añadió unas mejoras de seiscientos mil euros anuales. A pesar de ello, la adjudicación fue controvertida. En la mesa de contratación, dos técnicos votaron en contra por estimar que carecía de capacidad técnica suficiente para gestionar el servicio, y otros dos a favor. El desempate fue resuelto por el único voto “político”, en este caso, el del hoy senador. Y comenzó el calvario…
Desde el primer momento se pudo comprobar que aquello no funcionaba. La calidad del servicio estaba (y ha estado siempre) muy por debajo de las expectativas. Durante casi cinco años, el Gobierno ha sido incapaz de disponer de un diagnostico claro y fiable de lo que estaba sucediendo. Aún desconoce el coste real de la contrata. Se ha movido de manera impulsiva y compulsiva a golpe de irritación. Sin orden ni concierto. Quizá con un solo ejemplo se pueda entender con facilidad. La Ciudad no dispone de un servicio de inspección que trabaje durante los fines de semana, ¿Quién se ha encargado de comprobar los servicios prestados durante dos días a la semana?.
Uno. Mentir permanentemente. La respuesta ante las (continuas) protestas de los vecinos o las (constantes) críticas de los partidos de la oposición, nunca estuvo basada en la verdad, sino en vanas y falsas excusas diseñadas en cada ocasión para eludir momentáneamente sus responsabilidades. La consecuencia es que el paso del tiempo ha convertido su argumentario en una sonrojante contradicción, como ahora se está poniendo de manifiesto. Lo que durante años era un servicio impecable (el contrato cumplido de manera rigurosa y escrupulosa, según el Consejero del área, ratificado con el hecho de que no se haya impuesto ni una sola sanción) en apenas dos meses se ha convertido en un absoluto desastre sin que haya cambiada ni una sola condición objetiva.
Dos. Excesivo y contaminante contacto con los empresarios más allá de los procedimientos administrativos. El Gobierno no debe ni asumir compromisos que no puede cumplir (porque se sitúan al margen de la ley), ni “imponer” al contratista decisiones políticas abusando de la autoridad que le confiere “ser el que paga” y con el que siempre “conviene llevarse bien”. Así el Gobierno ha negociado un interminable y agotador catálogo de “soluciones” (más o menos imaginativas) para mejorar el precio del contrato, que se han ido estrellando una y otra vez contra el muro de legalidad. Mientras tanto la empresa, ingenuamente, asumía las numerosas recomendaciones políticas que recibía (aunque le supusieran un elevado coste) en la confianza de que “al final todo se arreglará”, las cuentas se cuadrarán “como sea” y todo serían parabienes y felicidad. Este hecho explica que se haya mantenido esta grotesca situación durante cinco años.
Tres. Sibilina manipulación de la labor de los empleados públicos. Los políticos tienden a forzar en la medida de sus posibilidades que los informes y demás intervenciones de los técnicos coincidan con sus planteamientos e intereses. Para conseguir este propósito se utilizan fórmulas diversas. Quien gobierna sabe perfectamente quien es cada cual. A quien hay que pedir el informe de turno, y de quien conviene alejarse. Quien es más flexible… o vulnerable. Quien debe un favor… y quién no. Este gobierno se maneja muy bien en este terreno. También pondré un ejemplo. El interventor informó al Gobierno de que para tramitar las Encomiendas de Gestión debería haber un informe técnico del órgano que efectuaba la encomienda. Ellos prefirieron “especializar” a una solo persona que los hace todos (como churros, mediante el conocido “corta y pega”). Este hecho explica que durante cinco años no hayan existido (o mejor dicho, no se hayan tramitado, porque existir existían) documentos sobre los que actuar ante los reiterados incumplimientos contractuales.
“La gestión del Gobierno en este asunto es un compendio perfecto de los vicios que lo han llevado a un estado de decadencia”
El Gobierno ha reventado. Temen que el lamentable estado de suciedad que asedia a toda la Ciudad tenga un elevado coste electoral. El Presidente quiere a toda costa corregir este indisimulable déficit antes de la convocatoria. Sin reparar en gastos. Ante la imposibilidad legal de modificar el contrato (aunque tengan disponibilidad presupuestaria para ello) y la negativa de la empresa a ampliar las prestaciones si no se recibe más dinero; han decidido romper definitivamente el deteriorado idilio. En este momento nos encontramos. El plan es rescindir el contrato y encomendar la gestión a TRAGSA que, al tratarse de un medio propio, no tiene límite presupuestario. Se invierte lo que sea menester en este año y medio para que Vivas pueda concurrir a las elecciones con sus aval tradicional (“que bonita esta Ceuta”) de eficacia probada. Pero, como sucede siempre que se antepone la voluntad a la realidad, la operación es un auténtico galimatías jurídico administrativo del que es prácticamente imposible salir ileso.
La pretensión es activar una rescisión de mutuo acuerdo, cuando en realidad lo que hay es un mutuo desacuerdo. El primer y previo requisito para decretar un mutuo acuerdo es acreditar el cumplimiento del contrato. Sólo comprobando que ambas partes cumplen, y que a pesar de ellos los resultados no son satisfactorios, se puede romper la relación sin coste para las partes. Difícil misión cuando la propia Ciudad ha detraído más de cien mil (casi doscientos mil) euros en cada una de las últimas tres certificaciones (se están revisando las anteriores, desde febrero de dos mil trece, con resultados muy parecidos). Lo que ley impone es incoar expedientes sancionadores y rescisión por incumplimiento con incautación de fianza (siete millones de euros). ¿Quién va a suscribir los informes preceptivos para decir que se está cumpliendo un contrato que se está incumpliendo? Algún kamikaze o similar. Por otro lado, alguien tiene que justificar que el contrato vigente “es insuficiente” para prestar el servicio de manera adecuada. Pero para ello hay que hacer las cuentas partiendo de diecinueve millones (diecisiete del contrato más los dos millones cien mil correspondientes a la “baja” más las “mejoras”, que como es fácil comprender deben correr de cuenta del contratista). Quien asuma esta tarea tampoco lo va a tener fácil. Por su parte, la empresa, también en desacuerdo, reclama al Gobierno (eso sí, pacíficamente) una deuda de cinco millones de euros.
Todo esto sin entrar en el galimatías que supone subrogar una plantilla de cuatrocientos trabajadores afectados por un Convenio Provincial, en una empresa pública que tiene su propio convenio; previo expediente de “municipalización”, ya que pasará de prestarse el servicio mediante gestión indirecta a gestión directa (al ser TRAGSA un medio propio). Es difícil que una cosa salga bien, cuando previamente todo se ha hecho todo tan mal.
