El Tribunal Supremo ha concluido definitivamente que la Delegación del Gobierno debería haber pagado más, lo establecido en el Convenio de referencia, a los beneficiarios de los Planes de Empleo que gestionó durante los últimos años hasta 2022. La institución de la plaza de los Reyes entendía, que por las características de esos programas y del personal beneficiario, sus retribuciones no podían ser equiparables a las del Personal Laboral de la Administración General del Estado.
El argumento no deja de tener su fondo de razón en un ámbito de carácter eminentemente social y formativo, pero ha terminado derrumbándose ante la Justicia, que ha dejado claro que “el hecho de que el trabajador sea desempleado de larga duración, y que dichos contratos tengan como última finalidad que se adquiera la suficiente experiencia como para lograr su incorporación definitiva al ámbito laboral, no puede ser tenida en cuenta para justificar un desigual trato salarial”.
A la Ciudad le pasó algo parecido con los suyos, aunque rectificó antes y dejó de pleitear.
Es un principio irrebatible que a igual trabajo se debe percibir igual salario, pero el diseño de los Planes quedó en un limbo no del todo definido que amenazó seriamente con su desmantelamiento.
El Estado ha empezado a reducir el presupuesto de los Planes de Empleo, que por la estructura social y formativa de las personas sin trabajo en la ciudad siguen siendo necesarios, en favor de políticas activas más centradas en la formación simultánea con el trabajo.
Si la administración necesita estructuralmente personal debe cubrir sus carencias por la vía ordinaria, no con ese tipo de parches, y los programas de carácter eminentemente social y formativo, tener su propia regulación, nivel de exigencia y retribuciones acordes.
