El futuro de las casas del puerto de Ceuta está a la espera de Abogacía del Estado

El proceso de desafectación y salida a la venta de las casas portuarias ubicadas en el muelle de Poniente y también en San Amaro siguen siendo una inquietud para sus habitantes como para la Autoridad Portuaria. El abogado que representa a las familias que residen en estas viviendas mantuvo una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, quien ha tenido que retomar este caso tras tomar posesión de su cargo como máxima autoridad en el Puerto.

Una reunión en la que las más de 60 familias que se ven afectadas en el proceso estaban esperanzadas de poder contar ya con un proyecto en firme para saber si, finalmente, saldrán a la venta bajo un precio social que les permita optar a su compra, como ocurrió con las casas del Ministerio de Defensa.

José Vázquez Ávila, representante legal de los vecinos de ambos conjuntos de viviendas, cataloga este encuentro como productivo, aunque aún no se han podido marcar las líneas de la normativa que hay que redactar para poder llevar a cabo este proceso de compra-venta. Reconoce que ha percibido la experiencia de Doncel en Emvicesa ante este tipo de procesos, por lo que en la reunión, el presidente del Puerto expuso los dos escenarios posibles para resolver la enajenación que ya se inició de estas 63 viviendas.

La primera de ellas sería aplicar el mismo método que se ocupó cuando se enajenaron del uso público las casas pertenecientes al Ministerio de Defensa, las cuales salieron a la venta a una cantidad que pudo asumirse por sus residentes. Otra opción sería usar un método similar al de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), en el que se tenga en cuenta la renta de los interesados, así como su situación socioeconómica o la antigüedad de las viviendas.

Ambas propuestas están a la espera de ser consultadas ante Abogacía del Estado, con quien mantendrán una reunión la próxima semana, ya que será este órgano quien determine la normativa que debe redactar la Autoridad Portuaria para llevar a cabo este procedimiento y, una vez que se aplique, no se encuentren trabas legales para no poder culminar el proceso.

Asimismo, todavía el Puerto no cuenta con la segunda tasación encargada a la empresa Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), que valoró los inmuebles en una horquilla que iba de los 80.000 a los 100.000 euros, cantidades que los inquilinos advirtieron que no iban a poder asumir.

En este sentido, Doncel le explicó al abogado de las familias que aún no le han entregado esta segunda valoración, pero en el caso de que los resultados no se lleguen a dar, se podría aprovechar la tasación que ya existe y aplicar reducciones del precio de acuerdo a la antigüedad y estado de las casas, así como la situación económica de las familias.

La próxima semana se reunirán con la abogada del Estado para que marque la línea legal

Todos estos aspectos son los que tendrá que valorar el abogado del Estado, quien orientará sobre los pasos que llevar para redactar la normativa que se aplicará en este procedimiento que busca, principalmente, que las familias que viven allí puedan adquirir estas viviendas si lo desean o en su defecto, sobre todo en los inquilinos de mayor edad, poder seguir viviendo allí sin que les afecte el proceso de desafectación.

Son noticias alentadoras, pero que siguen sin convencer a los residentes de estas viviendas, quienes se sienten estancadas en una negociación que empieza “desde cero” por una tercera vez.

Vázquez Ávila no niega el descontento y la intranquilidad que reina en estos bloques de vecinos que ven cómo el asunto vuelve a caer en manos de otro presidente de la Autoridad Portuaria, el tercero, sin que den una solución ya a este problema.

Además, con unas elecciones a las puertas, temen que un nuevo cambio político devuelva la negociación al punto de inicio, malgastando todo lo que ya se ha trabajado. Están nerviosos y molestos, explica el abogado, y no descartan un calendario de movilizaciones para que se tenga en cuenta las inquietudes que planten.

De momento van a espera a conocer el pronunciamiento de la Abogacía del Estado al respecto y de qué proceso se ocupa para la salida a la venta de sus casas.