La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha acordado reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad tras un pacto alcanzado entre Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco. La medida se llevará a cabo mediante una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 y también se aplicará al centro penitenciario de Ceuta.
El acuerdo se ha producido en el marco de la ponencia de la Comisión de Interior encargada de debatir la iniciativa presentada por el PSOE. Tras este paso, la propuesta deberá ser ratificada para iniciar oficialmente su tramitación parlamentaria.
El reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad era una petición que los sindicatos llevaban reclamando desde hace años. El objetivo principal es mejorar la protección y seguridad de estos profesionales durante el desempeño de sus funciones en los centros penitenciarios.
Desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han valorado el acuerdo de forma positiva y lo consideran una “victoria” para el colectivo. El sindicato destaca que esta medida supondrá un avance importante en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, especialmente en materia de seguridad jurídica.
Por su parte, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) también ha celebrado el acuerdo alcanzado en la ponencia parlamentaria. La organización ha destacado especialmente la aprobación de una enmienda impulsada por el PP y defendida por el sindicato para incluir también al personal laboral dentro del reconocimiento como agentes de la autoridad.
Desde TAMPM han subrayado que otras propuestas no contemplaban a este colectivo, pese a la labor que desempeñan dentro de los centros penitenciarios.
El sindicato considera que esta inclusión garantiza que todos los trabajadores queden amparados por la futura reforma legal, independientemente del área en la que desarrollen sus funciones.
La modificación legislativa podría tener efectos directos sobre la protección legal de los funcionarios penitenciarios. Entre las principales consecuencias se encuentra la posibilidad de que el testimonio de un funcionario tenga presunción de veracidad en determinados procedimientos.
Además, la reforma también podría traducirse en un aumento de las indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos durante el ejercicio de sus funciones.
Con este acuerdo, el Congreso da un nuevo paso para reconocer la labor de los trabajadores penitenciarios y reforzar su protección dentro del sistema penitenciario español.
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