Una treintena de
trabajadores penitenciarios del Centro Penitenciario de Ceuta se han
concentrado este miércoles a la puertas de la prisión para protestar ante las continuas agresiones de los presos a los funcionarios, así como para pedir que se les otorgue la consideración de agentes de la autoridad. Se trata de una
protesta “por la cantidad ingente de agresiones que están sufriendo los compañeros en todas las prisiones de España. Estamos saliendo prácticamente a una agresión diaria y todos los días nos despertamos a ver en qué centro penitenciario va a tocar hoy. Somos el colectivo de funcionarios del Estado con mayor índice de siniestralidad ya que tenemos muchísimas más agresiones que el resto de funcionarios y a pesar de ello, ni el Gobierno actual ni el anterior nos quiere considerar agentes de la autoridad. Si nos dieran esa condición cada vez que un interno agrede a un funcionario sería considerado como un delito de atentado y no como una falta de lesiones y lo pensarían dos veces antes de agredir al compañero”, explicaba José María Raya, portavoz de los funcionarios del C.P. de Ceuta.
Además, los trabajadores insisten en la necesidad de recalificar al centro como de nivel 1.1 y que no continúe con la misma categoría que el de Los Rosales tras más de tres años desde que se abrió. “Lo más curioso es que no se da explicación ninguna y están continuamente pasándose la pelota porque la Secretaría General considera que tiene que aprobar la RPT nueva y que la CECIR lo cumpla, pero esta considera que es la Secretaría General que nos tiene que dar la categoría de 1.1. El caso es que uno por otro y todo sigue igual. De hecho tenemos una reclamación judicial pendiente y en ese expediente se puede ver que en los informes que manda el subdirector general de Recursos Humanos considera que Ceuta reúne todos los requisitos para ser 1.1”. Por otro lado, los funcionarios han mostrado su “repulsa hacia todas y cada una de las agresiones que diariamente se están produciendo en todas las prisiones de España” en solidaridad y apoyo a los compañeros que las han sufrido, así como han pedido la cobertura de las más de 3.000 plazas vacantes que habría a nivel nacional. “Consideramos que el número de agresiones está directamente relacionado con estas vacantes ya que al haber menos funcionarios cabemos a más internos por funcionario y las posibilidades de agresión son mayores”, ha continuado. Tras más de tres años de lucha por mejorar sus condiciones laborales, los trabajadores penitenciarios esperan que la sociedad ceutí sea consciente de su necesaria aportación a la seguridad de los ciudadanos. No solo custodian a aquellos que la han puesto en peligro, sino que contribuyen a su reeducación para facilitar su futura reinserción. Por ello, no entienden que tras estos tres años desde la apertura, la Secretaría General siga considerando al Centro Penitenciario de Ceuta como 2.2, un centro de mínima agresividad como el de Los Rosales, lo que repercute negativamente en su seguridad y lo que redunda en que los trabajadores del centro cobren cerca de 180 euros menos al mes. De ahí que estos funcionarios pidan ser considerados “agentes de la autoridad” para garantizarles una mínima protección ante las continuas agresiones de los reclusos que sufren. “Si por agresión consideramos lo que piensa el señor Marlaska y el secretario general de Instituciones Penitenciarias que dicen que un insulto o amenaza no es una agresión pues no habría agresiones en Ceuta. Para nosotros amenazas del tipo “sé donde vives”, “a qué colegio van tus hijos” o “cuando salga a la calle te voy a matar” si son una agresión, al igual que lo sería para un policía nacional, pero en el caso de los funcionarios de prisiones no se reconoce como tal aunque las suframos todos los días”, concluía José María Raya.