La movilidad que hay en Ceuta, los desplazamientos realizados para cumplir con contratos de corta duración, tiene una consecuencia directa en las malas artes de las que hacen gala aquellos que, alquilando pisos, luego no cumplen con el puntual abono de las rentas. No son casos esporádicos, sino bastante extendidos. Y quienes los protagonizan son desde funcionarios desplazados durante un tiempo específico para el desarrollo de unas labores hasta futbolistas que vienen a defender los colores del equipo de esta tierra solo durante una temporada y después se marchan dejando deudas sin abonar. La morosidad va de la mano de la temporalidad de esos contratos y se ha convertido en una práctica demasiado extendida hasta alcanzar la categoría de picaresca made in Ceuta.
Trae de la mano incluso una estrategia, un modus operandi que se repite en varias situaciones. Cuando queda poco tiempo para que esa persona se marche de la ciudad, empieza a dejar de abonar las rentas. En la práctica esto se traduce en que los últimos meses de alquiler no los paga a pesar de las continuas reclamaciones que recibe. No son casos aislados, son más comunes de lo que pudiera parecer. Algunos dueños, cansados, al final no denuncian, pero otros sí dan el paso para que se haga justicia y la picaresca no termine siendo la vencedora. Es lo que ha hecho la propietaria de una vivienda que ha tenido que requerir los servicios de un abogado para que, interponiendo una demanda judicial por impago de rentas y suministros, cobrar los más de mil euros que le debe un futbolista fichado en Ceuta. Además se ha comunicado lo ocurrido al club para que proceda a retener las deudas de la nómina, sin que este haya dado respuesta. Tal y como se recoge en la demanda, la deuda asciende a 1.122 euros -de momento- producto de la ocupación de la vivienda alquilada hace un año y la falta de abono de los últimos meses y gastos. A pesar de los requerimientos cursados, y tras conocer que en breve abandonará la casa, se ha intentado cobrar la deuda sin éxito, sin poder hacerse comprobaciones del estado del hogar.
La afectada ha optado por la vía judicial, muchos terminan con la casa en malas condiciones y sin cobrar.
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