Una Frontera Sur vulnerable: CEAR pone el foco en los derechos de los inmigrantes

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la epidemia de la COVID-19 como excusa para no respetar el derecho de asilo de miles de personas bloqueadas como consecuencia al cierre de fronteras. En el informe presentado este viernes dedican un capítulo a Ceuta y Melilla, como Frontera Sur, y a la situación de confinamiento aplicada a los inmigrantes bloqueados a este lado de la frontera, tanto a los residentes en el CETI como a los que tuvieron que ingresar en el pabellón de La Libertad y, ahora, en la nave habilitada en el Tarajal.

“El cierre de las fronteras españolas y marroquíes ha supuesto un importante paro en la vida de Ceuta y Melilla. En Ceuta las llegadas han cesado durante la pandemia de la COVID-19, y en entre marzo y mayo sólo se han dado 5 altas en el CETI, que está por debajo de su capacidad de acogida. Sí parece que se han mantenido las devoluciones en caliente”, expone la entidad en su informe, aludiendo a la devolución de un subsahariano por la valla, hecho que ha sido denunciado por varias entidades, entre ellas CEAR, ante la Fiscalía General del Estado.

¿Pero qué ha supuesto el cierre de las fronteras para las personas que atesoran una mayor vulnerabilidad? Denuncia CEAR que “algunas personas extranjeras no-residentes que estaban en ambas ciudades en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma, se quedaron sin poder salir. En Ceuta, y para aquellas personas que no residían en el CETI ni habían solicitado asilo, se ordenó la habilitación de un pabellón al principio del estado de alarma, en el que llegaron a residir 215 personas, en situación de precariedad. Hasta principios de junio, el gobierno de la Ciudad Autónoma no ha buscado un alojamiento alternativo: en esta ocasión una nave industrial cercana a la frontera, de la que se desconocen en estos momentos más detalles”, expone.

“Algunos de sus residentes son nacionales marroquíes que volverán a su país de origen en cuanto Marruecos les autorice la entrada, mientras que al resto les espera un futuro incierto. Una de las evidencias que parece sustraerse de la pandemia es la debilidad de los recursos sociales habitacionales en Ceuta y Melilla, más allá de los recursos estatales, para quiénes no pueden acceder a los CETI, para personas en situación de extrema vulnerabilidad o para aquellos jóvenes que acaban de salir del sistema de protección”, explica.

Paralización de los trámites de asilo y el drama en los CETI

Más allá de la crítica a esta situación que, como bien apunta CEAR, deja en evidencia la ausencia de albergues sociales que funcionen de manera indefinida, la entidad hace una mención específica a la situación de los inmigrantes peticionarios de asilo o los que han quedado en el CETI sin que se hayan tramitado más salidas a la Península.

“La vida diaria en los CETI es complicada, y en situación de confinamiento aún lo ha sido más. Más allá de la salud fisiológica, esta situación también expone riesgos de salud mental. Buena parte de las personas en situación de vulnerabilidad tienen dolencias psiquiátricas y traumas o sufrimientos psicológicos que se agravan en situaciones como la actual. Entre las personas que necesitan protección internacional, la situación de confinamiento se vive con especial sufrimiento, por lo que convivencia se vuelve especialmente frágil. El deterioro del estado psicológico de estas personas debido a la sobreocupación habitacional, la incertidumbre por el futuro o la falta de contacto con los familiares hace que la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de ellos haya empeorado significativamente. En abril, CEAR solicitó el traslado urgente a la península de solicitantes de asilo y migrantes desde Ceuta y Melilla”, explica.

Los procesos de solicitudes de asilo se paralizaron, y el impacto fue más grave en las dos ciudades hermanas. “Por tratarse de ciudades fronterizas, en las mismas se pueden presentar solicitudes de asilo a través del procedimiento de frontera o ya en el territorio nacional, y parece que durante este periodo la determinación de uno u otro ha sido más aleatoria que antes”.

Devoluciones en caliente

Y en pleno estado de alarma las devoluciones en caliente han seguido. Una de ellas en Ceuta, cuando se entregó a un subsahariano a las autoridades marroquíes del que no se sabe a ciencia cierto si es menor de edad o no, ya que Delegación mantuvo –contrario a sus manifestaciones- que era adulto. CEAR siempre ha mantenido su postura en torno a estos procedimientos, reclamando garantías para las personas y el fin de las devoluciones “sumarias e ilegales” en las fronteras.

Este debate surge mientras se avanza en la retirada de las concertinas y los cambios en el vallado, financiando además la labor de gendarme de la frontera sur de Europa que lleva a cabo Marruecos en las dos fronteras de las ciudades hermanas. El gesto más relevante ha sido la retirada de las concertinas, en diciembre de 2019, información que fue adelantada por El Faro de Ceuta.

Son especialmente denunciables las dificultades con las que se topan los subsaharianos para pedir asilo, ya que les resulta imposible llegar por la frontera a la oficina situada a pie de Tarajal. “Especialmente preocupantes son las dificultades de acceso a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla de las personas de origen subsahariano así como el olvido de la medida contemplada en la Ley de Asilo de efectuar el traslado desde las representaciones diplomáticas al territorio nacional para solicitar protección internacional. Al mismo tiempo, se acentuaron las dificultades en los Centros de Internamiento de Extranjeros, lo que se concretó en una disminución de las solicitudes, que pasaron de representar del 3% del total en 2018 a solo el 1,8%”, denuncian.

En Ceuta el 69% del total de residentes del CETI fue en algún momento solicitante de protección internacional, otro hecho novedoso respecto a años anteriores, como también lo fue la presentación de solicitudes por parte de personas de origen subsahariano, algo que no sucedió en 2018. Este hecho motivó un incremento de solicitantes en esta ciudad autónoma del 65%: de 348 a 577. Este dato se explica por la puesta en marcha, el pasado 1 de septiembre, de la oficina de asilo y refugio del puesto fronterizo, que formalmente se había inaugurado en 2015. “Es muy significativo que todas las personas subsaharianas que solicitaron asilo en los puestos fronterizos de ambas ciudades autónomas lo hicieran tras haber ingresado en el territorio de forma irregular. Lo sucedido en 2019 evidencia, de nuevo, la imposibilidad de que accedan directamente a la protección internacional en esos puestos porque las autoridades marroquíes les impiden cruzar la frontera. Asimismo, un año más, continuaron produciéndose devoluciones en caliente, una práctica que en 2017 fue declarada ilegal en primera instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la intervención de CEAR como tercera parte”.

Restricción de movimientos a solicitantes de asilo

CEAR hace referencia en su informe a los criterios policiales que siguen manteniéndose hacia los solicitantes de asilo, a los que se les niega una libertad de movimientos. “El Ministerio del Interior mantuvo la restricción de movimientos impuesta a las personas solicitantes de protección internacional que se encuentran en Ceuta y Melilla, a pesar de que desde 2010 los tribunales han subrayado su ilegalidad en numerosos pronunciamientos. Y, por tanto, de nuevo el servicio jurídico de CEAR continuó defendiendo ante los tribunales el derecho de las personas solicitantes a la libertad de residencia y de circulación por todo el territorio nacional”, refleja en este informe.

En Ceuta, en 2019 se presentaron 194 recursos administrativos contra la inserción de la mención “válido solo en Ceuta” en la documentación de las personas solicitantes de protección internacional y se tramitaron 108 recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó catorce sentencias favorables para las personas solicitantes. Asimismo, este Tribunal ordenó cautelarmente el traslado a territorio peninsular de 40 solicitantes de protección internacional en Ceuta, mientras se sustanciaba el procedimiento judicial. “En otros casos, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras autorizó de manera arbitraria el traslado. Por ejemplo, en Melilla se redujo inicialmente el tiempo de estancia en el CETI de solicitantes marroquíes y argelinos, mientras que a mediados de 2019 se paralizó el traslado de solicitantes procedentes de Túnez, Egipto y Bangladesh. En cambio, en Ceuta solo se aprobó el de solicitantes en situación extremadamente vulnerables”.

La temporalidad de estas personas, el bloqueo que sufren es “inaceptable”. CEAR expone que mientras que la media de temporalidad en 2019 es de 129 días, las personas solicitantes de protección internacional atendidas por los servicios jurídicos de esta oenegé esperan una media de 300 días o incluso hasta 420 en el caso de los que lo hicieron gracias a un auto de medidas cautelares dictado por el Tribunal Superior de Madrid. “Conviene recordar que los CETI acogen a una población muy diversa, entre la que se encuentran personas en situación especialmente vulnerable (como mujeres, familias con hijos menores, víctimas de trata, personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ o fieles de religiones minoritarias) y la dilatación de su estancia puede acarrear graves consecuencias personales. Por esa razón, muchas optan por intentar alcanzar el territorio peninsular de forma clandestina”, completa.

“En el Informe 2019 de CEAR se expuso la situación de Said, quien solicitó protección internacional en Ceuta a finales de 2017 con motivo de la persecución sufrida en Marruecos debido a su orientación sexual y que, al no sentirse seguro en el CETI, intentó cruzar el Estrecho de Gibraltar en kayak y fue rescatado por Salvamento Marítimo. Finalmente, en virtud de las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras casi un año de estancia en el CETI, fue trasladado a la península. En 2019, dicho Tribunal reconoció su derecho a circular por el territorio nacional, pero la Abogacía del Estado recurrió la sentencia en casación, por lo que finalmente será el Tribunal Supremo el que tendrá ocasión de pronunciarse sobre esta materia”, ejemplifica la oenegé incluyendo un caso concreto en esta relación de casos analizados.

Medidas urgentes cuya aplicación solicita CEAR

La oenegé plantea numerosos retos que deben cumplirse ante la crisis de emergencia sanitaria surgida con motivo del coronavirus. Entre las mismas se incluyen algunas que afectan directamente a Ceuta y otras genéricas para otros territorios. Se reclama la garantía de que las medidas adoptadas para la restricción de la libertad de circulación sean acordes con el derecho internacional de los derechos humanos y el de asilo. Se exige garantizar, mientras permanezcan los plazos suspendidos, el acceso al procedimiento de protección internacional.

En referencia exclusiva a los CETI de Ceuta y Melilla se pide “garantizar las medidas de distanciamiento físico y preventivas establecidas por las autoridades. Asimismo, debe ofrecerse una atención sanitaria adecuada y el traslado de sus residentes a la Península. La situación actual de sobreocupación impide que se respeten las medidas de prevención y de distanciamiento social requeridas”, concreta. CEAR reclama además que se asegure “el cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a Ceuta y Melilla y a islas como Chafarinas y retirar la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería. Al amparo de esta norma, muchas personas merecedoras de protección internacional son expulsadas de manera ilegal a Marruecos, donde su vida corre peligro, sin tener acceso al procedimiento de asilo. Esto supone una grave vulneración de la normativa europea e internacional”, sentencia.