El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ha logrado frenar en el Ministerio del Interior, más concretamente en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la construcción del nuevo centro penitenciario de nuestra ciudad, aduciendo de que se trata de una macroinversión que fue prevista por el anterior gobierno y sobre la que siempre se había mantenido contraria a la misma.
Al final, en el paso de los Presupuestos Generales del Estado por el Congreso se ha logrado introducir una reforma de los mismos para que el dinero previsto para el año que viene en continuar con la edificación de la nueva prisión se haga un expediente de modificación de crédito y pase a las partidas del Ministerio de Fomento, con la intención de iniciar a la mayor brevedad posible la construcción de unas quinientas viviendas en la parcela de Mendizábal.
Por supuesto, ahora se necesitarán una serie de estudios técnicos que permitan la viabilización de los edificios de la nueva prisión que ya se han construído para que los mismos se puedan convertir en viviendas. Donde no habrá problemas será precisamente en la zonas que aún permanecen libres.
Hay que destacar que el mismo delegado ya ha mencionado a lo largo del último año que su intención era que la prisión entrara en funcionamiento poco a poco, de manera que no se convirtiera en una macroprisión. Era una fórmula para frenar en lo posible la llegada de tantos internos procedentes de la Península.
Hay que recordar que el actual delegado, cuando era diputado fue una de las escasas voces que se levantó contraria a esta inversión de la anterior Administración General del Estado, porque entendía que nuestra ciudad sí necesitaba de un nuevo recinto penitenciario, pero no de ese tipo.
El delegado, quien se encuentra ahora mismo en Madrid, explicó ayer a esta redacción que “he estado a lo largo de este último año luchando en silencio para conseguir este cambio y poder lograr ahora, la construcción de quinientas viviendas. Por supuesto, se tardará unos meses porque se necesitan de una serie de estudios técnicos, pero al menos entiendo que es más positivo ese gasto que el que había introducido el anterior equipo gestor del Ministerio del Interior”.
Al final, en el paso de los Presupuestos Generales del Estado por el Congreso se ha logrado introducir una reforma de los mismos para que el dinero previsto para el año que viene en continuar con la edificación de la nueva prisión se haga un expediente de modificación de crédito y pase a las partidas del Ministerio de Fomento, con la intención de iniciar a la mayor brevedad posible la construcción de unas quinientas viviendas en la parcela de Mendizábal.
Por supuesto, ahora se necesitarán una serie de estudios técnicos que permitan la viabilización de los edificios de la nueva prisión que ya se han construído para que los mismos se puedan convertir en viviendas. Donde no habrá problemas será precisamente en la zonas que aún permanecen libres.
Hay que destacar que el mismo delegado ya ha mencionado a lo largo del último año que su intención era que la prisión entrara en funcionamiento poco a poco, de manera que no se convirtiera en una macroprisión. Era una fórmula para frenar en lo posible la llegada de tantos internos procedentes de la Península.
Hay que recordar que el actual delegado, cuando era diputado fue una de las escasas voces que se levantó contraria a esta inversión de la anterior Administración General del Estado, porque entendía que nuestra ciudad sí necesitaba de un nuevo recinto penitenciario, pero no de ese tipo.
El delegado, quien se encuentra ahora mismo en Madrid, explicó ayer a esta redacción que “he estado a lo largo de este último año luchando en silencio para conseguir este cambio y poder lograr ahora, la construcción de quinientas viviendas. Por supuesto, se tardará unos meses porque se necesitan de una serie de estudios técnicos, pero al menos entiendo que es más positivo ese gasto que el que había introducido el anterior equipo gestor del Ministerio del Interior”.
Una inversión de 120 millones
El presupuesto de la nueva macroprisión es cercano a los ciento veinte millones de euros y según las previsiones que actualmente se manejaban en la Delegación del Gobierno eran que aún quedaban unos dos años para que la misma pudiera entrar en funcionamiento. Cuando se aprobó por parte del Gobierno socialista esta inversión hubo algunas voces que se pronunciaron en contra, al considerar que nuestra ciudad no puede soportar una presión tan importante de internos.
