Es un auténtico negocio. Un fraude a gran escala que hunde sus raíces en la cantidad de personas que residen de manera irregular en España y que se ven en la necesidad de regularizar su situación. Las investigaciones policiales que llevan a cabo agentes de la UCRIF, como es el caso de la unidad de Ceuta, sumadas a los procedimientos judiciales en curso demuestran hasta qué punto se ha llegado a constituir una auténtica maquinaria delictiva para garantizar esas regularizaciones.
Se crean empresas ficticias con altas simuladas a la Seguridad Social con el fin de que los beneficiarios puedan cumplir con los requisitos establecidos en la normativa en materia de extranjería, justificar medios de vida o recibir prestaciones de manera indebida amén de acceder, en algunos casos, a beneficios penitenciarios.
En otros casos esas altas se dan tomando datos de empresas legales cuyos titulares no son conocedores de lo que se está haciendo a sus espaldas.
Las estadísticas del Ministerio del Interior en cuanto a llegadas de magrebíes a la Península, Ceuta o Melilla recogen solo el volumen de interceptados pero no responden al grueso total de personas que consigue completar la ruta clandestina y que necesita regular su situación administrativa para evitar la expulsión (en los pocos casos en los que Marruecos acepta a sus propios nacionales) y lograr un trabajo legal en España con sus consiguientes derechos laborales.
Hay auténticos especialistas en aprovecharse de empresas que, sin conocimiento de sus titulares, emplean sus datos para lograr esa apariencia de legalidad en los ciudadanos extranjeros que no reúnen los requisitos recogidos en la legislación tales como demostrar la permanencia en España de manera continuada durante 3 años como mínimo, tener vínculos familiares o acreditar la integración social con un informe emitido por el Ayuntamiento de la ciudad donde resida.
Las simulaciones de matrimonios o parejas de hecho son otras de las argucias empleadas.
Las condenas dictadas por tramas de contratos falsos no frenan esta acción delictiva. En abril de 2021 fueron sentenciadas por el Juzgado de lo Penal 1 hasta 22 personas investigadas por la UCRIF de Ceuta en el marco de la Operación Paloma con la que se destapó el negocio gestado a través de contratos laborales falsos. Las prácticas siguen cometiéndose. En ese caso se fijaron condenas tras una de las investigaciones más amplia de las desarrolladas por los agentes de esta unidad adscrita a la Jefatura Superior de Policía.
El juzgado investiga ahora el fraude cometido contra un empresario del sur peninsular que al recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria descubrió que habían estado dándose altas sin su conocimiento para que individuos en condición irregular pudieran acceder a prestaciones. Bajo investigación se encuentra un vecino de Ceuta que supuestamente gestionó esas altas en trabajadores ficticios aprovechando su relación laboral con el empresario.
En un ejemplo actual de casos similares que han salido a la luz y que dejan al descubierto la posibilidad de que, mediante altas fraudulentas, los beneficiados hagan todo tipo de trámites como peticiones de permisos de residencia. La trama criminal que se aprovecha de esta situación obtiene esos permisos con altas simuladas lo que permitirá justificar unos ingresos de vida que son falsos amén de poder acceder al cobro por desempleo.
Las imágenes de desembarcos que no son siquiera detectados por las fuerzas de seguridad y que a lo sumo protagonizan escenas captadas con sus móviles por sorprendidos bañistas tienen una historia posterior de falsedades documentales y fraudes.
La llegada de inmigrantes que no son detectados por las fuerzas de seguridad lleva a la intención de regularizar su situación para evitar una expulsión -que difícilmente se lleva a cabo- y obtener beneficios laborales. Es ahí donde actúan las personas que se dedican a garantizar las altas fraudulentas a la Seguridad Social.
Los afectados se dan cuenta de lo sucedido cuando reciben notificaciones de embargo por no abonar cuotas de sus supuestos trabajadores. De esa contratación no tenían conocimiento hasta que les llega el aviso por unas deudas que ellos no habían generado de manera pretendida o a sabiendas de la misma.
La Operación Paloma fue una de las más importantes de la UCRIF y hasta 22 personas investigadas por esta unidad policial terminaron condenados por el Penal 1 en el año 2021.
A pesar de los golpes asestados siguen produciéndose casos como el alusivo a la denuncia presentada por un empresario de la Península que no era conocedor de que habían dado de alta a varios trabajadores en su empresa sin su conocimiento. Bajo investigación por esas prácticas ilegales está un vecino de nuestra ciudad.
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