Han transcurrido tres meses desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y el daño sufrido por Ceuta y los ceutíes continúa siendo inmenso, aunque económicamente ya puede evaluarse con alguna precisión. Hasta el Parlamento Europeo reconoció el 17 de septiembre la gravedad de lo sucedido y expresó su solidaridad con los ceutíes.
La Cámara de Comercio cifró las pérdidas directas acumuladas hasta final de agosto en más de 33 millones de euros, calculadas a partir de la facturación real de más de 300 empresas. El 22 de octubre, el Gobierno ceutí cifró las pérdidas directas en 75 millones. El comercio redujo su facturación cerca de un 53 % y la hostelería y restauración un 50,7 %, mientras el turismo sufrió cancelaciones próximas al 90 %. Tres de cada cuatro empresas tuvieron que introducir ajustes en sus plantillas. A ello se añade un impacto estimado sobre la imagen y la confianza exterior de Ceuta de unos 170 millones de euros.
El Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Ceuta han advertido de que los principales riesgos se concentran en la liquidez, la inversión, el empleo, la continuidad de los negocios y la confianza. El 23 de septiembre, el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas celebró en Ceuta su Asamblea de Decanos en solidaridad con el tejido empresarial ceutí. Su presidente, Javier Cabeza de Vaca, calificó de «demoledor» el efecto de la crisis y subrayó la necesidad de recuperar la seguridad y la confianza. Acertada apreciación: sin seguridad no hay desarrollo económico posible.
Los servicios públicos tampoco han salido indemnes. INGESA había invertido, solo durante las primeras siete semanas desde la invasión, más de un millón de euros extraordinarios en personal, farmacia y transporte sanitario y seguía registrando a finales de septiembre centenares de asistencias a quienes entraron irregularmente en Ceuta. Solo en agosto se generaron unas 9.000 toneladas adicionales de residuos urbanos.
Frente a este cuadro, la reacción del Gobierno central llegó tarde mediante la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional por el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, y mediante el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, que destina 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses del año.
Conviene examinar su composición. Los 309 millones se distribuyen en 118 millones para acogida, 90 millones para seguridad, 80 millones para apoyo a la actividad económica y 21 para servicios esenciales. La acogida es, con el 38 %, la partida más importante. De los 80 millones para actividad económica, las ayudas directas a empresarios y autónomos ascienden solo a 36,6 millones, un 31 % de lo dedicado a acogida y menos del 12 % del total.
Presentar los 309 millones como si constituyeran íntegramente una ayuda a los ceutíes o una reparación de los perjuicios sufridos por su economía es inexacto. Buena parte del gasto responde a acogida, seguridad y funcionamiento de servicios públicos, obligaciones propias del Estado. Además, una subvención no equivale necesariamente a una completa reparación. Quedan fuera los daños más difíciles de reconstruir: la confianza, la imagen exterior, el turismo perdido, las inversiones aplazadas o perdidas y el razonable temor a que pueda repetirse una situación semejante.
El 7 de octubre, el ministro de Hacienda anunció en Ceuta un nuevo Real Decreto-ley con 45 millones adicionales para la Ciudad, destinados genéricamente a «gastos extraordinarios» de limpieza, educación, medio ambiente o servicios sociales. Tampoco es una indemnización a los ceutíes. Su finalidad es paliar el gasto ocasionado por la presencia de quienes entraron irregularmente, no reparar el daño sufrido por la población. La Ciudad estima que aún permanecen entre 15.000 y 16.000, sin que se haya ejecutado una sola devolución por la vía ordinaria.
La propia Ciudad ha tenido que estudiar medidas adicionales, entre ellas la flexibilización o suspensión temporal de determinadas cuotas del IPSI. Todo ello demuestra que el problema económico dista de quedar resuelto con el anuncio de las cifras globales señaladas.
Existe también una cuestión elemental de justicia distributiva. Los comerciantes, hosteleros, trabajadores, familias y, en definitiva, los más de 83.000 ceutíes no provocaron lo sucedido los días 30 y 31 de julio. Sin embargo, lo han padecido. El daño que sufren va más allá de lo económico. Lo ocurrido supera una simple contingencia migratoria. El propio presidente del Gobierno reconoció una violación de la integridad territorial y habló de «ataque híbrido». Admitida esa naturaleza, resulta difícil justificar que quienes sufrieron directamente sus consecuencias no sean debidamente indemnizados.
Las ayudas pueden aliviar parte del perjuicio, pero no devolver la seguridad, la confianza y la tranquilidad perdidas. Mientras Ceuta no recupere su condición de ciudad segura, el daño seguirá abierto e incrementándose. La verdadera factura de la invasión es social y política, y la están pagando quienes no la provocaron: los ceutíes.
(*) Comandante de Caballería, abogado y economista
Academia de las Ciencias y Artes Militares
