El Gobierno de Ceuta ha aprobado este martes a apenas diez días para fin de año una adenda a su convenio con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) para el mantenimiento de las Brigadas Verdes, cuya plantilla no ha cobrado a tiempo este mes su paga extraordinaria de diciembre a la espera de esta inyección presupuestaria incluida en las cuentas de la Ciudad en verano.
El Presupuesto de la administración local de este año solamente contemplaba 3 millones de euros para dar continuidad al proyecto, cuyos alrededor de 130 trabajadores se negaron a finales de 2022 a ser integrados en Tragsa.
Con el transcurso de los meses la FPAV persuadió al Ejecutivo local de la necesidad de aumentar esa cantidad, reivindicación que se introdujo en el primer expediente de modificación del Presupuesto del ejercicio en curso y que ahora ha recibido luz verde para su abono por parte del presidente y sus consejeros.
“Se trata de una adenda al convenio inicial porque se han soportado gastos y hechos puntuales que han exigido un uso mayor de las Brigadas Verdes”, ha justificado el portavoz gubernamental, Alejandro Ramírez, la transferencia extra.
En el proyecto de Presupuestos de 2024 se mantiene la subvención de 3 millones a la FPAV, aunque en el trámite de aprobación definitiva se prevé elevarla en 300.000 euros a instancias del Partido Popular, que no está cerrado a explorar otras “fórmulas” para no destruir puestos de trabajo si el movimiento vecinal mantiene su voluntad de no seguir con la gestión de las Brigadas.
“Como todo en la vida”, ha admitido el también consejero de Medio Ambiente, “las cosas pueden modificarse si se cumple con todas las normativas...”. “El personal tiene un peso muy importante y hay que garantizar los derechos de todos los trabajadores”, ha delimitado la línea roja Ramírez. Entre las opciones sobre la mesa está pasar a al menos una parte de los contratados a la empresa municipal de nueva creación que se baraja constituir para asumir la gestión directa de la limpieza pública viaria.
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