El Ministerio de Derechos Sociales y las autonomías han aprobado el reparto de 50 millones de euros del fondo para la formación en
competencias digitales para
niños y adolescentes en riesgo de exclusión digital del que se beneficiarán más de 217.000 menores. Ceuta recibirá 265.200 euros para 1.153 beneficiarios. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este lunes, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El programa competencias digitales para la infancia (CODI), que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca reducir
la brecha digital abordando el problema de manera temprana y dotando de oportunidades de formación en digitalización a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Desde el Ministerio se desarrollará una plataforma digital que contará con contenidos con un máximo de 90 horas de formación, estará disponible en los idiomas oficiales y será de accesibilidad universal. Quienes cursen el programa serán registrados en una base de datos para reportar a la Comisión Europea y obtendrán una certificación a partir de las 50 horas cursadas.
Ceuta y Melilla podrán hacer uso de esta plataforma o habilitar otros mecanismos de formación
Las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla podrán hacer uso de esta plataforma en sus territorios o habilitar otros mecanismos de formación siempre que se respete el contenido curricular y se garantice la obtención de los datos necesarios para hacer seguimiento del programa. El programa, que está previsto que alcance a 950.000 alumnos a finales de 2025, ha sido diseñado para niños y niñas de 10 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años en situación de vulnerabilidad, si bien dada las necesidades específicas de los jóvenes extutelados se permitirá ampliar el rango de edad para atender a este grupo. Se dará prioridad a los menores en situación de pobreza moderada, alta o severa, a los que residen en entornos altamente
vulnerables (con altas tasas de pobreza o renta media baja), a niños y adolescentes con discapacidad, así como a aquellos con diversidad funcional, que estén en acogimiento, en situación de violencia o migrantes y refugiados.