Comprendo que varios individuos investigados por la posible comisión de graves delitos en una nación miembro de la UE hayan decidido huir a otra que también pertenece a la UE.
Entiendo que, al ser reclamados por la justicia del primer país, se garanticen en el segundo los derechos de tales individuos y se compruebe que, en caso de accederse a su devolución, tales derechos les serán reconocidos y respetados.
Admito, a regañadientes, que la devolución de los susodichos pueda irse demorando por medio de aplazamientos y de recursos.
Pero lo que ya no comprendo, ni entiendo, ni admito, es que allá en su refugio, se esté consintiendo que los referidos individuos, auténticos forajidos, pues eso y no otra cosa, son quienes huyen de la justicia, participen activamente en la política interna de su nación de origen como candidatos en unas elecciones regionales, proclamándose “Presidente y miembros del Gobierno en el exilio” de una fantasmagórica “República independiente” que, según ellos, han separado de España, algo absolutamente contrario a la Constitución y a las leyes, como reiteradamente han declarado varios tribunales de justicia, entre ellos el propio Tribunal Constitucional.
Creo ilógico que una nación perteneciente a la UE permita a estos forajidos defender un planteamiento que, en esencia, trata de romper la indisoluble unidad de otra nación con la que comparte la pertenencia a la UE, un principio sobre el cual se fundamenta la Constitución española. No se trata en este caso de la normal contienda entre ideologías –izquierdas, centro o derechas- sino de algo mucho más profundo, hasta el punto de que puede corroer la base sobre ka que se asienta la democracia en España. ¿Cómo es posible que en una nación de la UE se les deje hacer esto? Bien está que los acoja y les respeten sus derechos, mas ello hasta cierto punto, pues no es de recibo tal permisividad, por cuanto afecta a un punto extraordinariamente sensible, la integridad de un país con el que se comparte la pertenencia a la UE.
Además, los forajidos -esencialmente su jefe, pues los otros no dicen nada- no hacen otra cosa que lanzar bulos y falsedades a fin de desprestigiar la imagen de España ante la opinión pública mundial. Hay que reconocer que en esto del “agitprop” –abreviatura de agitación y propaganda- le ganan a la escasa capacidad informativa del Gobierno español. Ese hombre, ese jefe de forajidos, no para un momento. Victimismo ante “el Estado opresor”, entrevistas a porrillo, actos con alcaldes provistos de sendos bastones-, proyecto de manifestarse en Bruselas…
A estas alturas, en todo el mundo existe el convencimiento de que la Policía Nacional golpeaba de modo inmisericorde a pacíficos ciudadanos mientras, indefensos, guardaban cola para votar. Si se explica que, en realidad, las cargas iban contra piquetes de activistas que trataban -con bastante éxito, además- de impedir que la Policía llevara a cabo la orden judicial de retirar las urnas y, así, evitar que se celebrara un referéndum ilegal, los interlocutores ponen cara de asombro y, en el fondo, de no creerse lo que se le dice.
Por otra parte, dicho referéndum ilegal, sin listado de electores, sin interventores, sin Junta Electoral, con urnas no transparentes, con la demostrada posibilidad de votar repetidas veces, sin control de ningún tipo, aparece ante muchos observadores internacionales como algo normal, hasta el punto de que el forajido mayor y sus seguidores no paran de clamar, sin vergüenza alguna, por “la democracia”, cuando aquello no tuvo nada de eso, pues no hay democracia alguna que permita vulnerar la Constitución y las leyes. No se debe hablar jamás de democracia sin atenerse a este principio. No se debe, pero los muy tozudos lo siguen haciendo
Y las falsedades prosiguen cuando se atribuyen a Rajoy y a su Gobierno decisiones que ni pueden ni deben ser suyas, sino emanadas del poder judicial. Ni Rajoy ha encarcelado a nadie, ni tampoco hay presos políticos, sino personas investigadas por la posible comisión de delitos cuya gravedad se castiga con severas penas de prisión.
Para qué seguir. El jefe de los forajidos ha llegado a acusar al Gobierno de dar “un golpe de Estado”, por aplicar el artículo 155 de la Constitución, cuando el golpe lo dieron ellos al proclamar la República catalana en su declaración unilateral de independencia. Intentar la ruptura de la unidad de España, vulnerar la Constitución, saltarse a la torera las leyes y no respetar las resoluciones de los tribunales, eso sí que es un golpe de Estado del que, necesariamente, sus responsables tendrán que responder ante el poder judicial. El Código Penal espera a éstos fugitivos de la justicia y a sus compañeros de fechorías.
Hace unos días, los forajidos han salido de Bruselas (quizás tras haber dejado sobre la cabeza del “Manneken pis” una barretina, por supuesto estelada) para trasladarse a otra ciudad belga, Lovaina.
“Los vainas en Lovaina” podría ser el título de una buena película cómica, aunque esto terminará, sin duda, en un auténtico drama. Un drama del Oeste.
O del Noreste español. Sí, muy español.
