FONMEP, preocupado por el convenio público-privado sanitario

El Foro Nacional de Médicos de Ejercicio Privado (FONMEP) ha mostrado, a través de un comunicado su preocupación ante las dudas para la pervivencia del Sistema Especial de Régimen de la Seguridad Social de los funcionarios, del que dependen muchos de Ceuta, fundamentalmente Muface, Mugeju e Isfas.

Desde la entidad ha mostrado su inquietud por la falta de acuerdo entre las entidades aseguradoras y el Gobierno de España ya que los profesionales médicos “deben garantizar deontológicamente la calidad y la seguridad clínica asistencial y sobre todo entre los pacientes que ven en riesgo mantener su continuidad asistencial”.

Asimismo, apuntan que el actual contexto de “crisis en la atención sanitaria en España” se vería a gravado “si se produce la entrada al Sistema General de la Seguridad Social de más de 1,5 millones de mutualistas (titulares y beneficiarios) de Muface, más de medio millón de Isfas y cerca de 90.000 de Mugeju.

En este sentido, expresan que el impacto que tendría la desaparición de dicho convenio sobre el sistema sanitario de España “supondría un incremento del 266% en las listas de espera de consultas y un 115% para las intervenciones quirúrgicas”.

Pérdida de puestos de trabajo

Por otra parte, también indican que la “posible desaparición” de estos pacientes de la red concertada-privada, según los datos de la Fundación IDIS, supondría “la pérdida de 13 000 puestos de trabajo, y el cierre de 21 hospitales privados”.

“A estas cifras se suma el informe de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable que alerta sobre la necesidad de camas hospitalarias que tendrían que implementarse en los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas para hacer frente a esta nueva situación y la dificultad para llevarlo a cabo en ciudades como Madrid (679), Sevilla (211), Valencia (210), Barcelona (197), Cádiz (190), Málaga (159) o Murcia (144)”, detallan en su escrito.

Ahorro para la administración

En términos económicos se estima que el convenio de los funcionarios ha ahorrado al Gobierno 894 millones de euros al año. La prima media actual (ejercicio 2024) del concierto de Muface es de 1032,12 €. “El gasto medio actual por ciudadano en la sanidad pública es de 1608 euros, casi un 60% superior a la prima actual del concierto”, determinan.

En este sentido, “las entidades aseguradoras advierten que con estas condiciones tienen un resultado a pérdidas que estiman en 200 millones de euros al año y reclaman una mejora en torno al 40% en la oferta de Muface para contener las pérdidas”.

Además, explican que la última oferta de mejora es del 24% para este año y un 1% para el año 2026 y las aseguradoras han anunciado que aceptarían un 24% este año con un contrato anual para negociar con mayor tranquilidad los términos para 2026, pero aún no hay acuerdo.

Garantizar la seguridad del paciente y la calidad asistencial

“La calidad de la prestación sanitaria no puede ni debe ser de peor calidad o de menor seguridad clínica ni para el paciente ni para el profesional”, expresan desde la entidad.

“Los tratamientos son cada vez más eficaces, precisos y sofisticados, y lógicamente más caros. La innovación con prótesis en continuo desarrollo, el aumento de la cartera de servicios etc. obligan a incrementar la financiación”, añaden.

Asimismo, declaran que “hay que destinar el dinero que sea necesario y justo para poder aplicar sobre los pacientes la medicina actual, basada en la mejor evidencia, y no tener pacientes de primera y pacientes de segunda categoría. Un médico no puede permitir esta distinción, tal y como recoge el Código de Deontología Médica”.

Por otra parte, aseguran que los facultativos que trabajan en ese sector “mantienen una actividad a pérdidas, con unas condiciones leoninas tal y como se ha puesto de manifiesto en diferentes informes”.

Incrementar la financiación

Desde FONMEP consideran que es preciso solucionar el problema, incrementar la financiación y que ésta “llegue a los prestadores de servicios”. “Apostamos por mantener un modelo de colaboración público-privada que sea justo y que contribuya a liberar recursos de la sanidad pública”, informan.

Para finalizar, ofrecen su “más sincera colaboración” para la búsqueda de posibles soluciones, “anteponiendo siempre la defensa de los pacientes y su derecho a la mejor asistencia sanitaria posible, ya que esta es la norma deontológica que guía nuestro ejercicio profesional: la protección de la salud”.