El Gobierno central de Pedro Sánchez no hará con el dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo que llegará a España lo mismo que con el Fondo COVID, que en su tramo distribuido sobre criterios educativos fue transferido a la Ciudad Autónoma y no a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).
La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del departamento que dirige Isabel Celaá ha avanzado al consejero de Educación de Ceuta, Carlos Rontomé, que las cantidades que se asignen a la ciudad de los alrededor de 4.500 millones que prevé tener a su disposición el Ministerio llegarán directamente a la Dirección Provincial.
El MEFP sigue excluyendo a las dos Ciudades Autónomas de las reuniones de la Comisión Sectorial de Educación, a las que los consejeros locales no pueden acudir ni en calidad de oyentes o con voz y sin voto, pero el Ministerio se ha comprometido a citar al Ejecutivo de Vivas cuando haya novedades sobre la recepción y utilización de las partidas económicas procedentes de Europa.
Celaá ha avanzado esta semana a las Comunidades Autónomas que las actuaciones del plan que financiará con los fondos de la UE se desarrollarán principalmente a través de programas de cooperación territorial que prevén destinar 1.900 millones a la modernización de la Formación Profesional, 1.496 a digitalización y 1.118 a prevenir el abandono escolar temprano y mejorar los resultados educativos.
Según detalló, la inversión en digitalización incluye 827 millones de euros para la instalación de 236.318 Aulas Digitales Interactivas que permitirán combinar la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia; 291,58 millones para la formación en competencia digital de casi 725.000 docentes; 150 millones de euros para la adquisición de 250.000 dispositivos móviles destinados a los estudiantes más vulnerables; y 110 millones en el Plan de Formación Profesional Digital.
El MEFP prevé dedicar 671 millones a la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo #PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa; y 124 millones para la creación de 1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado vulnerable.
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