El Gobierno de Ceuta, que justo antes de las últimas elecciones ya se encontró con una revuelta de los inquilinos de las 45 VPO para jóvenes de Serrano Orive para no salir de sus casas, adjudicadas en principio para un periodo de cinco años con alquileres reducidos, no se plantea, al menos de momento, cambiar el uso de la promoción para propiciar que las viviendas puedan ser enajenadas a sus beneficiarios, como se ha barajado hacer varias veces a lo largo de la presente legislatura, según indicaron ayer fuentes gubernamentales a este periódico.
Hace ahora cuatro años, el ex gerente de Emvicesa, Antonio López, remitió una remesa de cartas a los adjudicatarios en régimen de alquiler de las viviendas de la promoción pública para jóvenes de Serrano Orive con el fin de comunicarles “formalmente” que la “voluntad” de la sociedad municipal era “no renovar el contrato” y avanzarles que “cumplido el quinto año de prórroga” el arrendamiento quedaría “extinguido”.
Simultáneamente, la empresa planteó un “cambio del régimen de cesión previsto en la calificación definitiva de dicha promoción” de arrendamiento a la venta” y se puso manos a la obra para ejecutar “las actuaciones previas necesarias para la división de la finca y del préstamo convenido otorgado al promotor”.
Entonces se estableció que los precios máximos de enajenación serían “el resultado de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el módulo básico estatal [758 euros] por 1,56 y por 1,10”. Es decir, que irían desde 76.300 euros (solamente hay cuatro casas de tipo A y 58,6 metros cuadrados de superficie útil) hasta 72.159 euros (las cinco viviendas de tipo H y 40,20 metros cuadrados). La inmensa mayoría se encontraban en un arco de precios máximos que no superaba los 52.700 euros.
Durante este cuatrienio esa intención no se ha materializado. El Gobierno nunca ha querido fijar posición más allá de mostrar su predisposición a llegar a un consenso con la oposición para cambiar el régimen de la promoción o no y, en caso negativo, decidir qué hacer con los inquilinos cuyos contratos vencieron hace años y han seguido siendo renovados aunque ya no cumplan los requisitos de edad o renta.
“Si son viviendas para jóvenes así deben seguir, como un recurso transitorio y rotativo, de tal forma que cuando sus actuales adjudicatarios dejen de ser jóvenes puedan ser sustituidos por otras personas que sí lo sean y tengan la misma necesidad”.
El PSOE ha venido defendiendo desde la etapa de José Antonio Carracao en la Secretaría General de los socialistas que ese recurso para favorecer la emancipación juvenil no debe amortizarse, como se ha planteado Emvicesa en distintas ocasiones hacer. Los adjudicatarios de las viviendas lo fueron por unas rentas mensuales reducidas que rondaban los 200 euros.
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