El Ministerio de Fomento cumple hoy con un compromiso, el de extender a los residentes de terceros países las bonificaciones al transporte, adquirido durante el verano de 2008 con la oficina del Defensor del Pueblo. Ese mismo año, en septiembre, la senadora ceutí Luz Elena Sanín preguntó al Ejecutivo que por aquel entonces presidía Rodríguez Zapatero qué pensaba hacer al respecto. Su respuesta fue que “por el momento” tanto los vecinos de la ciudad autónoma nacionales de países ajenos a la UE o al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza no tendrían reconocido ese derecho.
Para justificar su postura, el Gobierno central esgrimió un informe de la Abogacía del Estado de 2005 en el que establecía que “los ciudadanos que ostentan tarjetas de Régimen Comunitario por razón de matrimonio pero que no tienen nacionalidad comunitaria no tienen derecho a la obtención de las bonificaciones que se conceden a los residentes”.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ya sentenció hace casi tres años que, desde su punto de vista, la Directiva europea 2003/109/CE, incorporada al ordenamiento jurídico español en 2007, ya dejaba claro que”los residentes de larga duración gozarán del mismo trato que los nacionales” en lo que respecta, entre otras cuestiones, a “beneficios fiscales”.
