La memoria de la
Fiscalía correspondiente al ejercicio anual del año 2020, presentada ayer durante la inauguración del
año judicial, recoge algunos aspectos específicos de Ceuta como el aumento de procedimientos vinculados al tráfico de hachís, aunque en este caso concreto suma los relativos a la ciudad autónoma y a Cádiz, que han registrado un incremento del 7,98% de 2019 a 2020 al pasar de 1.253 a 1.353 asuntos.
La pandemia ha tenido que ver, y mucho, en el modo de traficar. Y eso también se nota en el ámbito judicial, que recoge cómo se ha producido esa reducción de entrada del hachís por el embarque de la línea Ceuta-Algeciras a la vez que se recrudecía y se tornaba en más violenta la acción de los narcotraficantes en el sur peninsular. “La entrada de hachís procedente de Marruecos en vehículos particulares o de transporte
se ha visto sensiblemente reducida por el cierre de la frontera y por la reducción de transportes y la correspondiente mayor capacidad de control de mercancías”, recoge la Fiscalía, que alude a la presión policial que se tuvo que hacer sobre las organizaciones y grupos delincuenciales implantados en el sur peninsular, especialmente dedicados al tráfico de hachís, lo que también se ha reflejado en los asuntos judiciales llegados. “Esta presión policial parece haber conseguido controlar o al menos reducir de forma significativa los problemas de seguridad ciudadana que había generado esta actividad delictiva, pero se está traduciendo en otros fenómenos como la constitución de grupos u organizaciones de personas residentes en distintas zonas de Andalucía con una clara distribución de funciones; la búsqueda de nuevas (y no tan nuevas) zonas para realizar los alijos y depósito de las drogas, como la provincia de Huelva –e incluso Portugal, donde las embarcaciones de alta velocidad, que constituyen género prohibido en España, no lo están en aquel país–, la de Cádiz, el río Guadalquivir hasta Sevilla y la Costa del Sol, llegando incluso hasta la provincia de Almería”. El confinamiento y el cierre de fronteras ha tenido también otra consecuencia: la reducción de peticiones de cooperación de otros países europeos referidos al transporte por carretera de sustancias estupefacientes.
Más procedimientos vinculados al blanqueo
La memoria recoge cómo la actividad de los fiscales en dicha área se ha traducido en un sustancial aumento de los procesos por blanqueo –teniendo en cuenta que estos solo se registran como tales cuando la importancia de los bienes y ganancias obtenidos exigen un proceso independiente del incoado por tráfico de drogas–, con los consiguientes problemas de gestión de los bienes incautados, notable incremento de las personas presas provisionalmente por estos delitos, etc. A la Audiencia Nacional ha llegado una de estas operaciones, la llamada Chams, en la que se ahondó en la operatividad de una red de narcotráfico de origen árabe, con una empresa en Ceuta vinculada. Esa investigación se centró en el ámbito económico y patrimonial.
Una situación grave: sin tutela pública a personas en desamparo
La memoria recoge lo que considera una “situación grave” que acontece en Ceuta, al carecer de un organismo o entidad pública que asuma la tutela de las personas en situación de discapacidad que se encuentran en desamparo. La Fiscalía también señala otro aspecto delicado en orden a la retribución del cargo de tutor ejercido por fundaciones tutelares de carácter privado, controlando posibles excesos. “La transversalidad de la discapacidad es fácilmente observable en las memorias. En el ámbito penal se subrayan numerosos procedimientos en los que la víctima resulta ser una persona con discapacidad. No son infrecuentes los delitos contra el patrimonio, particularmente estafas o apropiaciones indebidas (siendo crecientes las que se cometen con el uso de las nuevas tecnologías), o de abusos sexuales aprovechando la vulnerabilidad de estas personas”, concreta.
Sobre los delitos de odio
En el ámbito de los delitos de odio se contienen en los informes pocas referencias, pero algunas muy sonoras, “en los que se aprecia una actitud proactiva del Ministerio Fiscal en orden a su persecución. De hecho en la presentación del informe que tuvo lugar este lunes se ha llamado a combatir “los discursos de odio” que proliferan en ámbitos públicos y privados y que fomentan “graves conductas vulneradoras de la dignidad humana y llegan a provocar actitudes violentas”. Según la memoria, se produjo en 2020 un incremento en el número de delitos cometidos a través de las tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) por el uso cada vez más intenso, especialmente a raíz de la pandemia. Según la Fiscalía, la orientación sexual es el motivo discriminatorio más frecuente, seguido del racismo y la xenofobia, aunque se observa un “sensible” aumento de las motivaciones ideológicas en redes sociales. En la memoria se advierte de un “fuerte repunte” de las amenazas y coacciones a través de las redes -un 30% más- y un aumento del 10% del acoso.
Sin datos cuantitativos sobre MENA llegados a la Península
La memoria de la Fiscalía vuelve a hacer hincapié en la ausencia de datos cuantitativos disponibles en cuanto a las entradas reales de
menores procedentes de Ceuta y
Melilla en la Península. Así, se indica cómo “al igual que otros años” no se dispone de esos datos, como tampoco de los que han podido llegar por vía aérea o superando la frontera de Algeciras por vía Tánger. Se dispone de datos de los llegados a la Península por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles (un 15,10% más que durante el año 2019). Muy mayoritariamente son del sexo masculino (3.228= 97,61%), dado que sólo se han detectado 79 niñas (2,38%). El mayor número procede de Marruecos (1.393= 42,12%), seguido por naturales de Malí (577=17,44%), Argelia (549=16,60%), Senegal (438=13,24%), República de Guinea (118=3,56%), y Gambia (109=3,29%) y a mucha distancia Costa de Marfil (65=1,96%) o Camerún (16=0,48%). Del mismo modo, por el Cuerpo Nacional de Policía se ha informado de la realización de un total de 605 pruebas de ADN para establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehaciente de ello. De ellos 571 dieron un resultado positivo, confirmando el vínculo de filiación, 25 negativo y 9 están pendientes de resultado o de realización de nuevas pruebas.