La Fiscalía de Ceuta ha recurrido el archivo ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 sobre la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) por presuntos delitos de odio e injurias contra los líderes locales de Vox por sus manifestaciones en redes sociales, donde llegaron a
tachar a sus representantes de marionetas de la “ultraizquierda promarroquí”. El Ministerio Público considera que
el caso exige una investigación y que no debe cerrarse sin más, como ha ordenado la magistrada, la misma que imputó un delito de odio al exdiputado autonómico Mohamed Ali (Caballas) después de que los ultraderechistas le denunciasen por amenazas. Lo hizo al entender que, aunque no hubiese intención violenta en el localista, sí buscaba “fomentar la hostilidad contra
Vox Ceuta (partido político además con alto número de votos en esta Ciudad Autónoma, por lo que representan a una parte importante de la sociedad ceutí) y por el mero hecho de ser integrantes del mismo”.
La juez no ve ahora visos de ello en la censura pública de la AUGC por parte de Redondo ni tampoco de posibilidad de prosperar en la imputación del delito de injurias realizada por la AUGC al apreciar un supuesto defecto de forma: que lo hizo a través de una denuncia y no de una querella. Para la Fiscalía, sin embargo, las injurias a un funcionario público, como sería el caso, no precisan de una querella y se trataría de un tipo que, sin llegar al de odio, sí cabría considerar agravado por motivos religiosos u otros.
Redondo denunció en redes sociales que la AUGC de Ceuta está dirigida y tomada por la “ultraizquierda promarroquí”, términos con los que él y Verdejo acostumbran a referirse dentro y fuera de las Sesiones Plenarias a la práctica totalidad del resto del arco parlamentario (PSOE, MDyC y Ceuta Ya!, así como a parte del PP). Los cabecillas de Vox la emprendieron contra Omar Mohamed y Rachid Sbihi precisamente por reunirse con representantes de distintos partidos con representación institucional, así como con el presidente de la Ciudad y la delegada del Gobierno. “Seguimos entendiendo”, reiteró Vox en un comunicado justo antes de fin de año, que la AUGC en Ceuta, por desgracia, está siendo controlada desde fuera por grupos políticos como PSOE o Caballas, con cuyos líderes se han reunido y fotografiado”. Para el segundo grupo de la oposición en la Asamblea, cuyo máximo responsable lleva al mismo tiempo las riendas de un sindicato, “es triste que una asociación, que también representa a guardias civiles que no quieren involucrarse en política, esté guiada por grupos políticos”.