La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha mantenido este miércoles una reunión institucional de coordinación con los altos mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de las tres regiones para “potenciar y estrechar las relaciones en las investigaciones penales preprocesales previas a la apertura de la judicialización de los casos”.
En la reunión, celebrada en Granada, sede de la Fiscalía andaluza, Ana Tárrago ha informado que la comunicación de las investigaciones criminales en curso por parte de la Policía Judicial con la Fiscalía se procurará “en los asuntos de especial transcendencia de la investigación” y “estará determinada por los parámetros de gravedad, la alarma social o en la relevancia pública de los hechos investigados”.
También incluirá “las investigaciones con notoriedad pública de la persona sospechosa o de la víctima, la condición de aforada, el carácter novedoso o singular del hecho investigado o el número de víctimas”.
Los fiscales jefe provinciales y de área, de esta forma, articularán los mecanismos que permitan singularizar en cada supuesto los términos en que deba hacer efectiva la comunicación y datación de cuentas de la información que corresponda de las investigaciones en curso y a la que viene obligada la Policía Judicial, reguladas en varias instrucciones y circulares desde año 1987 para practicar las diligencias que el fiscal les encomiende para la averiguación del delito y el descubrimiento y confirmación del delincuente.
También se ha puesto de manifiesto en la reunión la necesidad de “continuar estrechando la colaboración y coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la investigaciones criminales”.
Esta es la primera reunión institucional que celebra Tárrago para unificar criterios de actuación. A la misma han acudido, entre otros, el jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta, Javier Daniel Nogueroles, y antecesor en ese cargo, Andrés Martín Garrido, ahora al frente de ese Cuerpo en Andalucía Occidental.
La fiscal superior ha informado de la última circular, emitida el pasado 20 de diciembre, por el fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, que entre otras novedades destaca el papel protagonista que se dé a las víctimas, quienes podrán tener acceso a la investigación aunque no sean parte.
También se regulan de manera innovadora los mecanismos para fortalecer las garantías de las personas investigadas, que tendrán derecho a conocer la investigación e intervenir en las diligencias que se practiquen desde el momento en que se desprendan indicios contra ellas.
En las investigaciones de la Policía Judicial se va a omitir incorporar el domicilio de las víctimas, sospechosos o encausados, testigos y peritos y cualquier referencia a su identificación de datos personales, que deberán ser recogidos en documento o archivo separado.
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