La
Fiscalía de Ceuta considera que la exdelegada del Gobierno,
Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo local,
Mabel Deu, deben ser apartadas por sentencia penal durante 12 años de la política como cargos electos o de designación y perder “los honores asociados” al ejercicio de esas responsabilidades por el presunto delito de prevaricación administrativa continuada que se les atribuye en la
devolución a Marruecos en agosto de 2021 al margen de lo previsto en la legislación de 55
menores. En su escrito de acusación reclamando la
apertura de juicio oral contra ambas, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, concluye que procede condenarlas a 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de “cargos electivos” o “funciones de gobierno” tanto de ámbito estatal como autonómico o local, así como a “la pérdida de los honores asociados a la condición de delegada del Gobierno y vicepresidenta de la Ciudad Autónoma”, así como al ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. La acusación pública ve probado que tras la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando “se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de alrededor de 15.000 inmigrantes de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores y fueron filiados como tales”, la vicepresidenta de Ceuta emprendió “diversas actuaciones” para agilizar la
repatriación “por la vía de hecho” de los niños marroquíes.
“Mantuvo numerosas reuniones y contactos con la delegada del Gobierno y decidieron de común acuerdo practicar la devolución sin seguir el procedimiento establecido y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”, entiende la Fiscalía, que opina que buscaron amparo en un Acuerdo entre España y
Marruecos de 2007 que nunca se había implementado para “eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes que iban a incurrir”. El 10 de agosto lograron que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior remitiese un escrito “que no se hallaba suscrito por autoridad o funcionario alguno” en el que se “rogaba” ejecutar “el retorno de los menores al Reino de Marruecos respetando en todo momento sus intereses y derechos”, misiva que
Deu interpreta como “mandato” que la eximiría de responsabilidad, según el recurso de apelación que contra su procesamiento ha presentado ante la Audiencia Provincial, el tribunal que las juzgaría. La jefa del Área de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, advirtió entonces por escrito a su consejera que era “claro” que debía atenerse a lo establecido en la Ley de Extranjería sobre repatriaciones de menores, que prescribe una serie de actuaciones que no se respetaron. A pesar de ello, la
exdelegada concertó una cita en la frontera del Tarajal al día siguiente con representantes marroquíes en la que la misma funcionaria alertó verbalmente de que deportar a menores “sin tramitar procedimiento alguno” resultaba “contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
A juicio de la Fiscalía
“ambas eran perfectamente conocedoras de su ilícito proceder”, pues el propio Acuerdo de 2007 exige “observancia estricta” tanto de la legislación española como de la internacional y de la Convención de los Derechos del Niño. “Acordaron practicar la repatriación [en principio de 145 niños] sin determinar si alguno de los menores se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen ni si con ello el interés del menor podía verse comprometido”, reprocha. Deu tampoco atendió los reparos de los responsables de la Fundación SAMU en el alojamiento de emergencia del que se decidió sacar a los jóvenes en tandas de 15 al día por “la posible situación de vulnerabilidad de los mismos, así como por no preservarse de aquel modo el superior interés de los menores” y
durante cuatro días, del 13 al 16 de agosto, hasta que la Justicia le ordenó parar de forma cautelar, logró devolver a su país a un total de 55 menores. Al menos media docena de ellos han logrado volver a España durante los últimos 16 meses.