La Fiscalía de Ceuta ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, que lleva la causa por presuntos abusos sexuales de menores que mantiene a Javier Guerrero en prisión provisional desde enero, que prorrogue el plazo para completar la investigación sobre los hechos por los que se le podrían exigir responsabilidades penales, ya que, entre otras diligencias pendientes, la Guardia Civil todavía no ha aportado su informe con el análisis de los dispositivos móviles y terminales informáticas intervenidas al exconsejero de Sanidad.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita comenzó a investigar a Guerrero en primavera del año pasado y en mayo caducó el primer periodo de 12 meses de instrucción que prevé la legislación. Entonces el magistrado competente autorizó una extensión de medio año que ahora el Ministerio Público le ha pedido que replique para completar la causa.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa” y que “si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses”.
Las prórrogas se debe adoptar mediante auto donde se expongan “razonadamente” las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como “las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación”. En su caso, la denegación de la prórroga también se tiene que acordar mediante resolución motivada.
Guerrero fue detenido en su domicilio a primera hora de la mañana el pasado 11 de enero y el juez instructor de la causa ordenó dos días después tras tomarle declaración su ingreso en prisión provisional por presuntos abusos sexuales sobre niños migrantes solos menores de edad a través de comportamientos documentados por los investigadores del Instituto Armado durante meses.
A finales de marzo la Audiencia Provincial ratificó su privación de libertad al apreciar que existía riesgo cierto de que intentase eludir la acción de la Justicia (sobre todo una vez que pidió la jubilación nada más quedar preso), que tuviera la tentación de manipular pruebas (fundamentalmente testificales) o incluso de reiterar conductas delictivas.
A esta causa principal se han sumado varias paralelas también penales que tienen a Guerrero como investigado por coacciones y conspiración de lesiones y por injurias y calumnias.
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