34 años de prisión. Esa es la pena global que solicita el Ministerio Fiscal por la comisión de hasta 5 delitos para el policía local Alonso G.D. tras el asesinato de su esposa en la vivienda que compartían en la barriada Parques de Ceuta en marzo de 2022.
Mª Ángeles Lozano fue víctima de la violencia machista, la cuarta de las registradas en Ceuta a manos de sus parejas o exparejas.
El agente fue detenido en su propia casa a donde había acudido tras abandonar su puesto de trabajo en el mercado de San José vestido con su uniforme reglamentario y armado.
De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, el Ministerio Público lo considera responsable de un delito de asesinato, otro de lesiones en el ámbito familiar, un tercero de lesiones, otro más contra la integridad moral y un último delito de maltrato habitual.
Por cada uno de esos cinco delitos solicita una pena diferente tanto de cárcel como de alejamiento.
En la base de esa Acusación prevalece la máxima de que la víctima no pudo defenderse del disparo recibido de forma inesperada. Además, el hecho de dar muerte a quien era su pareja supone una expresión o manifestación del fenómeno social de la violencia de género que se ejerce sobre la mujer por ser mujer.
Respecto del delito de asesinato, el Ministerio Público sostiene la existencia de una agravante de género y de parentesco; respecto del delito contra la integridad moral y lesiones concurriría solo la agravante de parentesco.
En cuanto al desglose de las penas la Fiscalía solicita la imposición de 25 años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por asesinato. Años que se completan con otras medidas de alejamiento del agente respecto de sus hijos durante 35 años.
Por el delito de lesiones en el ámbito familiar se pide la imposición de 12 meses de cárcel; por las lesiones se solicita 3 años de prisión; por delito contra la integridad moral, 2 años; y por maltrato habitual en el ámbito familiar, 3 años.
Todas estas peticiones vienen acompañadas además de sus correspondientes medidas de alejamiento.
Fiscalía completa las peticiones cursadas contra el acusado con la solicitud de indemnizaciones económicas por daños morales con cargo al propio agente pero también a la Ciudad Autónoma.
Y esto es así porque en el momento en que se produjo el crimen el acusado era policía local y se encontraba en horario de servicio, sin constar que la Ciudad hubiera efectuado revisión alguna sobre la capacidad del acusado para portar armas.
El juicio, para el que todavía no hay fecha señalada en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, se someterá a un Tribunal del Jurado, es decir, no pasará por uno profesional de magistrados debido al tipo de delito que se juzgará: asesinato.
A la vista estarán llamados a declarar cuantiosos testigos y, entre ellos, los agentes que llevaron a cabo la investigación así como los componentes de la Policía Científica que analizaron con todo detalle cómo se produjo el crimen y realizaron el informe de balística cuya exposición es determinante.
La instrucción del caso la ha llevado el juzgado número 4, competente en violencia sobre la Mujer. La muerte de Mª Ángeles causó un hondo pesar entre sus compañeros que organizaron una concentración a las puertas del Palacio de Justicia. Los compañeros del Servicio de Notificaciones en donde trabajaba leyeron un emotivo mensaje en su memoria.
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