Fiscalía pide 5 años de cárcel para 4 ocupantes de una semirrígida

El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio seguido contra cuatro personas que fueron detenidas por la Guardia Civil, acusadas de delito de contrabando cuando ocupaban una embarcación semirrígida dotada de 3 motores. Fiscalía pide una pena de 5 años de prisión, mientras que la Defensa considera la inexistencia de delito.

Fue el 24 de septiembre de 2019 cuando los cuatro ocupantes de una semirrígida fueron interceptados por el Servicio Marítimo. Los guardias civiles no encontraron nada en su interior, pero procedieron a detener a los jóvenes, vecinos del Campo de Gibraltar, por contrabando, decomisando la lancha que quedó intervenida como género prohibido en el puerto deportivo, que por aquel entonces servía de base para el Marítimo.

La clave de este juicio radica en el valor de la lancha, existiendo dos peritajes distintos con una apreciación enfrentada. Según el aportado por el perito del juzgado, sin especialidad en valoraciones de embarcaciones neumáticas de forma específica, dicha lancha con motores estaría valorada en más de 70.000 euros. Una apreciación que choca con la ofrecida por el perito especialista en valoración de embarcaciones cuya testifical fue aportada por la Defensa, quien cifró el precio de la lancha con motores en menos de 50.000 euros, tomando además como referencia la orden de Hacienda que sitúa esos parámetros de valor en función de factores como el año de fabricación, el estado de la lancha o el uso. Esa discusión es clave ya que de la tasación depende la valoración de la neumática intervenida como género prohibido tras endurecerse las normativas para combatir el contrabando como delito asociado al narcotráfico que tanto floreció en el Estrecho y se tradujo en choques con las fuerzas de seguridad.

El juicio ha quedado visto para sentencia. En marzo de 2021 consta una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal 1 por delito de contrabando, en la que se impuso 3 años y 1 día a los ocupantes de una narcolancha. En ese caso no hubo disparidad entre peritos.