Fiscalía pide 8 años de cárcel para el presunto jefe de una red de pase de inmigrantes

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó ayer visto para sentencia, después de celebrar cuatro sesiones espaciadas en el tiempo, la causa seguida contra N.H., un joven a quien la Policía Nacional señaló como el presunto jefe de una red de pase de argelinos en narcolanchas. El Ministerio Fiscal pide que se le imponga la pena máxima, 8 años de cárcel, al considerar que no solo se está ante un implicado en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros sino que cabe la existencia de una organización y además se puso en peligro la vida de varias personas. Su Defensa solicitó la absolución, haciendo valer la inexistencia de pruebas de cargo que sirvan para enervar el principio de presunción de inocencia, considerando que su arresto formó más bien parte de una operación mediática en la que los policías buscaron más la obtención de posteriores medallas que la consecución de pruebas que presentar ante un tribunal.
Para llegar a la fase final de ayer hay que retrotraerse a la primera sesión de juicio oral que se celebró el 15 de enero, cuando N.H. se sentó ante el tribunal para declarar que nada tenía que ver con un pase de inmigrantes ocurrido el 21 de marzo de 2018, con el que se consiguió la introducción de 17 argelinos en la Península tras partir a bordo de una semirrígida desde la playa del Sarchal. En octubre de ese mismo año sería detenido junto a más personas en la bautizada como Operación Grado, con la que la Dirección General de la Policía dijo haber asestado un duro golpe al tráfico de inmigrantes en narcolanchas. Hubo varios arrestos, incluso uno que fue ‘vendido’ en todos los medios de comunicación como el ‘número 2’ de la delincuencia del Príncipe cuando ni tan siquiera fue procesado. Entre ellos estaba N.H., a quien ahora se le juzga como presunto jefe de la organización, siendo el único de los cinco arrestados en hacerlo.
Ayer, tras la escucha de intervenciones telefónicas aportadas por la Comisaría de Policía de Algeciras, tocó el turno de atender los informes formulados por el Ministerio Público y Defensa.

Los hechos fueron enmarcados en la Operación Grado de la Policía Nacional

Fiscalía valoró la declaración de un inmigrante que protagonizó uno de los traslados atribuidos a la organización que presuntamente lideraba N.H. Se pudo escuchar en anterior sesión judicial como prueba preconstituida y en ella contó cómo había sido el trayecto. “Fue una testifical directa, con garantías”, valoró Fiscalía, “de una víctima de las mafias”. Dio datos de la red, nombres y aportó incluso unas fotografías hechas con su teléfono móvil a la Policía. En uno de sus reconocimientos fotográficos identificó al acusado como la persona a la que se le entregaba el dinero, detallando que se le dio 17.000 euros en el Sarchal, permaneciendo los inmigrantes ocultos en una casa hasta la salida en una semirrígida. También dijo que en esa travesía temió por su vida porque empezó a entrar agua en ‘la patera’ y los inmigrantes rogaron al piloto que volviera, a lo que este no hizo caso. Finalmente llegarían 17 argelinos a la Península siendo interceptados en la costa un grupo de entre 6 a 8 personas. En el registro que hizo la Policía en la casa del acusado se hallaron 10.165 euros. Para la Fiscalía es evidente la existencia de una organización cuyo fin era pasar inmigrantes y que tuvo una actividad permanente cobrando unos 2.000 euros por pase. El riesgo para la vida de los inmigrantes era claro, tal y como se apreció en una imagen que recogió el helicóptero de Salvamento Marítimo. Fiscalía reclamó al tribunal que impusiera la pena máxima, 8 años, por las condiciones en que trabajaba la red sin tener miramiento hacia la integridad de las personas que abonaban el pase.
Visión muy distinta fue la sostenida por la Defensa de N.H., que mantuvo la inexistencia de pruebas o indicios contra su patrocinado. En su exposición cuestionó el trabajo de la Fiscalía por cuanto a su cliente se le detuvo por su presunta participación en un pase realizado el 21 de marzo de 2018, pero las pruebas traídas a juicio por el Ministerio Público se correspondían a otras fechas, con lo que se alejaban del objeto de enjuiciamiento y acusación. Respecto a esos hechos de marzo, reiteró, “no hay pruebas”. Tampoco dio validez a la declaración ofrecida por el inmigrante, que tampoco encuadró en ese mes concreto.
“¿Dónde está la organización?”, se preguntó el letrado, criticando duramente el trabajo policial y cómo se ‘vendió’ esta operación en los medios de comunicación porque parecía que “se buscaba más una medalla” para, después, celebrado el juicio, acudir a declarar al mismo agentes que “no se acuerdan de nada” y que “lanzan balones fuera” en cuanto a la responsabilidad de las investigaciones. “Se está juzgando la vida de una persona” a la que se le pide 8 años de prisión y lleva ya 1 y 7 meses en preventiva, resaltó.
Respecto de las escuchas telefónicas indicó que no constaba la titularidad del móvil intervenido como de su cliente y mantuvo la inconsistencia de las investigaciones que hacen sostener la acusación de Fiscalía. De igual manera resaltó que el inmigrante tomado como referencia de la acusación sostuvo que el pase se había llevado a cabo en una patera cuando a su cliente se le atribuyen traslados en semirrígidas, siendo embarcaciones completamente distintas.