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El juicio, por unos hechos ocurridos en junio en el Tarajal, quedó ayer visto para sentencia
La titular del Juzgado de lo Penal número 2 dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra el hombre que el pasado 22 de junio amenazó e intentó agredir con una navaja a una médica del centro de salud del Tarajal. No hubo conformidad previa y el Ministerio Fiscal solicitó una pena de 3 años y 9 meses por los hechos, petición a la que se adhirió la Acusación Particular, representada por la abogada de Ingesa, que añadió a la petición un alejamiento por tres años respecto de la profesional sanitaria. La Defensa del acusado, que está en prisión desde los hechos, solicitó la absolución y, subsidiariamente, que se tuviera en cuenta una atenuante sobre su capacidad y estado psíquico.
Los hechos a los que hace referencia este juicio fueron muy mediáticos, puesto que se enmarcaron en una cadena de altercados que tuvieron como víctimas a sanitarios de los centros de salud, organizándose protestas sindicales exigiendo una mayor protección.
En este caso concreto, el acusado entró en el despacho de la doctora exigiéndole que le recetara Rivotril, a lo que ella se negó al no tener informe de su psiquiatra. Ante la negativa comenzaron las amenazas, con frases del tipo “aquí va a ocurrir algo grave”. El acusado entró en la consulta con el casco de una moto, pero no utilizó este instrumento para una agresión, sino que sacó una navaja de 7 centímetros con la que amenazó a la médica. La intervención de un vigilante de seguridad del centro, que ya estaba atento a lo que ocurría, evitó algo más. Lo retuvo hasta que se procedió a su detención.
Tanto la profesional médica como el vigilante se ratificaron en el hecho de que existió una amenaza clara con el arma blanca. El acusado, por contra, mantiene que la navaja era para autolesionarse, pero las dos testificales de víctima y vigilante coincidieron en que la amenaza directa iba para la profesional. Un informe forense determinó que el acusado estaba en plenas condiciones y sabía perfectamente lo que hacía en ese momento. Este suceso se enmarca en muchos similares que se han producido en centros de salud, con pacientes que insisten a los médicos para que les receten ansiolíticos porque en el fondo destinan esas pastillas a su venta. Lo contaba este medio en un reportaje publicado el pasado lunes, aludiendo a la considerada ‘droga del siglo XXI’. Sin receta médica no se dispensan, pero hay usuarios que sí o sí las quieren para luego revenderlas ganando un dinero, además de consumirlas.
El Juzgado de lo Penal ha dejado el caso visto para sentencia.
