El caso judicializado por las obras ejecutadas en el Mercado de Hadú hace casi diez años sin contrato, causa que se inició a instancias del Tribunal de Cuentas, ha dado un paso más al conocerse la petición de 10 años de inhabilitación que solicita el Ministerio Fiscal para quien fuera diputado por el PP y ocupara distintos cargos gubernamentales. Lo hace ante la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. El exdiputado nacional por Ceuta, Francisco Márquez,
quedó como único investigado en la causa después de acordarse el sobreseimiento de las actuaciones que afectaban a Guillermo Martínez, Carolina Pérez y Juan Manuel Doncel como miembros del Consejo de Administración de Emvicesa que votaron a favor del reconocimiento extrajudicial de deudas a favor de Dragados por la ejecución de los trabajos. En el caso de Juan Manuel Doncel, no asistió a la votación del consejo de administración por el que la Fiscalía pide inhabilitación para Márquez. Tanto Guillermo Martínez como él delegaron su voto en el exdiputado porque no estaban en Ceuta. Sin acusación particular en este caso, se da por hecho la propuesta del Ministerio Público.
Máximo responsable de Emvicesa
Márquez era en esa época además de miembro del Consejo de Administración, el máximo responsable de Emvicesa. El 24 de junio de 2009, el Consejo se reunió para, entre otras cosas, aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de Dragados por 410.441,35 euros tras haber, supuestamente, ejecutado obras en la planta baja del Mercado de Hadú “prescindiendo de los requisitos exigidos para su contratación”.
Con la decisión adoptada por la Fiscalía, el exmiembro del gobierno local dispondrá de su derecho a recurrir. En la actualidad se encuentra alejado de cualquier vinculación con la vida política local.