El Tribunal Militar Territorial Segundo que esta semana ha desarrollado en Ceuta el juicio a una
capitana por su comportamiento durante años como teniente en la
ULOG-23 dejó ayer jueves el caso visto para sentencia tras escuchar las conclusiones definitivas de las partes. La Fiscalía decidió rebajar en cinco años la
pena inicial de 13 y medio de
cárcel que solicitaba para la acusada por siete presuntos delitos de insulto a superior (dos, a razón de un año y nueve meses por cada uno) y de abuso de autoridad-acoso laboral (cinco, reducidos de dos a uno en cada caso al quitarle la agravante de continuados por innecesaria). La defensa reiteró su petición de absolución y la acusación particular mantuvo su requerimiento de tres años de prisión con la pérdida de su última promoción de rango.
Según la representante del Ministerio Fiscal, las declaraciones de cerca de treinta testigos no han hecho sino confirmar que antes de ascender a capitana, en septiembre, como teniente de la ULOG-23 se comportó de forma rutinaria “utilizando gritos, insultos, trato despectivo, malas formas, actitud agresiva y salidas de tono tanto hacia sus superiores como hacia sus subordinados e incluso hacia el personal civil perteneciente al Servicio Regular de Transporte del Ejército (SETRE)”.
“Dejando que hiciera lo que consideraba oportuno llegamos a esta pléyade de delitos”
La fiscal mantiene la petición de que la acusada, S.J.P., sea condenada al pago de un total de 7.000 euros a quienes fueron sus últimos comandante y capitán (este último ejerce la acusación particular y pide 6.000 euros para él), así como a un brigada, tres cabos primeros y un soldado que supuestamente sufrieron con especial énfasis el despotismo que se le atribuye.
“Insultaba a sus superiores cuando ellos no estaban presentes, pero sí ante el resto de personal subordinado, con el que mantenía un comportamiento despótico y despectivo”, resumió la acusación pública, que no escatimó reproches hacia el capitán Agudo por no poner coto antes al colmillo verbal que ella niega. “Si hubiera sido corregida a tiempo por su mando más directo no estaríamos ante esta pléyade de delitos porque el ejercicio del mando no solo es ejercerlo como tal, sino corregir a tiempo, en lo que no estuvo acertado”, afeó al mando, al que la procesada denunció en 2018 por acoso profesional, iniciativa a la que el capitán contestó con un contraparte secundado por informes de otros militares y civiles agraviados que arrancaron la causa.
“El mando debe guiar, aconsejar y corregir: hay que desterrar esto de las Fuerzas Armadas”
Esta gozaba, según lamentó también la representante del Ministerio Fiscal, de
“cierta protección” de algunos superiores, lo que a su juicio dio carrete a sus excesos: “Al principio tuvo una conducta normal, amigable, incluso con buenas relaciones personales, recibiendo hasta un trato casi paternalista con ella, pero dejando que pudiera hacer lo que consideraba oportuno llegamos a este punto”, relató.
En su exposición recogió los testimonios que sí dieron cuenta de “salidas de tono” delictivas de la acusada, que tuvo “cuatro destinos en tres años” entre recelos de algunos suboficiales por su carácter “difícil”, con el que presuntamente miraban hacia otro lado distintos superiores, desde el mando directo al que tachaba de “inútil”, “gordo de mierda” y “pepapig” hasta el comandante que retrataba como un “simio”.
Actitud “intolerable”
“Tenía un comportamiento intolerable: hacia los superiores con falta de respeto y disciplina absoluta y tremenda por insultarlos delante del personal con una falta de lealtad enorme; a los subordinados, con un trato vejatorio de manera amenazante, despectiva y humillante y cuando se quedaba de jefa accidental se saltaba el conducto reglamentario”, añadió la fiscal, que repasó las testificales que le achacan desconfiar de las enfermedades propias o de familiares que tenía su personal (hasta desear a uno “la muerte”), tratar a los musulmanes como a “una especie inferior” e infundir un “miedo” inaceptable a militares con décadas de experiencia y no por su envergadura, delgada de unos 1,70 metros de altura, sino por el terror “psicológico” que infundía a su alrededor.
En referencia al testimonio del mando que más respaldó a la acusada, la fiscal opinó que la defensa “se lo podía haber ahorrado”, pues sólo exhibió “parcialidad”. “Su función tendría que haber sido más neutral para dilucidar los problemas existentes entre unos y otros”, criticó la displicencia con una teniente que “se crecía” en sus actitudes “chulescas” cuando tenía público.
“Estamos para desterrar esto de las Fuerzas Armadas: el mando está para guiar, aconsejar y ejercer de la forma prevista, también para corregir en caso necesario dentro del margen de la ley de forma adecuada… Se ha hecho alusión a que su trabajo era estresante y difícil, pero eso no justifica sus actos porque dentro y fuera la conducta con subordinados y superiores debe ser intachable”, remarcó la fiscal.
“Aquí no hay estrés, eso no puede justificarla”
El letrado de la acusación particular que representa al comandante Agudo, que como capitán fue el último mando directo de la procesada en la ULOG-23, coincidió con la Fiscalía en la mayor parte de sus conclusiones e incidió en que el proceder del comandante en esa época facilitó que el comportamiento de la exteniente se tradujese en “prepotencia e impunidad”. “¿Cuál es su labor en una unidad si no dirigir la orquesta... Le inflaban los informes individuales y se dice que tiene un historial magnífico, pero por relaciones personales con altos oficiales ha sido la única que ha conseguido la Cruz de San Hermenegildo en 48 horas”, cuestionó sus méritos en una de las pocas alusiones que ha contrariado visiblemente a la capitana. Desde su punto de vista no solamente debe ser condenada a tres años de prisión por un delito continuado de injuria a superior con dolo, sino también al pago de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil para compensar el “sufrimiento” padecido durante cuatro años por quien era su capitán y su familia, esposa y tres hijos, “en el momento más delicado de su carrera, cuando iba a hacer el curso de comandante, podía ser cesado...”. Que presuntamente le tachase de “inútil, gordo, pepapig” y otros calificativos negativos no puede verse “justificado”, incidió el abogado, por que tuviese unas competencias “complicadas”. “Aquí el estrés no existe, esta es la compañía logística más pequeña del Ejército... Si estrés es tener que poner tres autobuses en lugar de dos...”, señaló el letrado, que ve más que acreditado tras la práctica de pruebas testificales que la acusada “no trabajaba bien en equipo y no toleraba correcciones”, aunque la hayan apoyado algunos oficiales “parciales”.
Ni pasó ni se probó y prescribió
La defensa alega que al menos la mitad de los testigos contradicen la versión incriminatoria y apela a que en todo caso han pasado más de 5 años Después de dos días escuchando a cerca de 30 testigos, militares de todo rango y civiles adscritos a la ULOG-23, el letrado de la defensa hizo cuentas ayer en la exposición de sus conclusiones para apelar al principio ‘in dubio pro reo’. Es decir, si cabe la duda, no puede haber condena penal. A su juicio es “imposible” que si su cliente regalaba en su oficina insultos a voz en grito contra quien entonces era su comandante en su oficina, sólo los escuchasen “dos” personas, entre ellas una con su credibilidad “afectada” por haber sido desplazado al taller desde la plana mayor.
Seis dijeron haber oído descalificar a su capitán, pero otros tantos lo negaron. “Uno de los primeros llegó a decir que le insultaba en su cara, algo inconcebible en el ámbito militar, lo que también cuestiona su credibilidad, pues hubiera estado reglamentariamente obligado a dar parte, como los cinco militares que dicen que lo consintieron por miedo... ¿De qué si ella estaba delinquiendo?”, se preguntó sobre una “joven teniente” que supuestamente se limitó a “trastocar la vida placentera” que durante años, décadas, habían disfrutado algunos.
“¿Cómo iba una oficial de reconocida trayectoria, bien conceptuada por sus cualidades, a ponerse a injuriar a su capitán justo al lado de su despacho? Es inverosímil”, razonó el letrado, que también observa sujeto a más que controversia que efectivamente la capitana se comportase como teniente de una manera “despótica, con constantes reprobaciones, actitud chulesca y despectiva causando mucha tensión, nerviosismo e impotencia”.
“¿Cómo iba una oficial reconocida a injuriar a su capitán a gritos al lado de su despacho?”
Desde su punto de vista “eso carece de sustento probatorio alguno y aplicando las reglas de la lógica es incompatible con el funcionamiento interno de las unidades militares y de una como la ULOG, con unos 400 efectivos, donde se sabe todo”. Tampoco le encaja con una oficial cuyas calificaciones en informes individuales eran “excelentes, muy superiores a la media”, cuando se valoraban capacidades como control y dominio de emociones, corrección en el trato a subordinados, justicia y equidad...
“Cuatro” aseveraron haber escuchado salir de su boca improperios contra la tropa de confesión islámico, pero “cinco testigos lo han desmentido, como los tres musulmanes supuestamente tachados de manera directa de moros de mierda o yihadistas”. “Toda supuesta inclinación racista ha quedado suficientemente desmentida con las explicaciones de tres oficiales”, interpretó el abogado de la defensa, que en términos generales señaló que el caso adolece de falta de “testigos de referencia”, pues pocos escucharon directamente y casi todos supieron porque otro les contó que había oído.
A su juicio nada de lo imputado ocurrió o ha quedado probado, pero en cualquier caso ya no puede recibir reproche penal porque ha prescrito, ya que “todo lo tratado en esa Sala tuvo supuestamente lugar en la Sección de Transportes de la ULOG-23 que abandonó en diciembre de 2015 y no fue hasta el auto firme de elevación de las diligencias a causa del 21 de febrero de 2021 cuando se podría interrumpir el plazo de cinco años”. “Ustedes tienen la última palabra, muchas gracias”, usó la suya postrera la acusada.