Fiscalía endurece las sanciones por los robos de ordenadores

La pobreza no es equivalente a la delincuencia, pero un entorno desestructurado y poco favorable al menor, plagado de referentes afines a las prácticas delincuenciales ayudan a que, al final, un adolescente termine engordando las listas de individuos que se mueven al margen de la legalidad. Fiscalía y el Área de Menores trabajan codo con codo para intentar resolver los conflictos y recuperar a quien, sin todavía alcanzar los 18 años, ha optado por escoger como modelo de vida unos patrones inadecuados. Su propósito en la vida ha pasado a ser el tráfico de hachís, la consecución de dinero fácil mediante el robo o la sustracción de ordenadores en los colegios –la última moda–. A los educadores que componen el equipo técnico del Área de Menores que dirige Antonia Palomo les toca la tarea de desentrañar qué es lo que ha pasado por la mente de un adolescente para terminar convirtiéndose en un delincuente. Averiguarlo y cortarlo de raíz son los objetivos. ¿Y el grado de efectividad? La última tasa de reincidencia confirma que se va por el buen camino: en 2012 fue del 19,73%, lo que significa que de cada diez menores que han sido tratados bajo control del Área y de la propia Fiscalía, sólo dos han reincidido en sus prácticas. En 2005 la tasa era del 31% y en 2010 fue del 20%.
Acostumbrados a leer informaciones sobre la aplicación de medidas de libertad vigilada para los delincuentes menores de edad, se tiende a pensar que éstos reciben un premio después de sus fechorías. Una conclusión que no casa con la realidad educadora y judicial, que se va adaptando a la realidad. La reincidencia en el delito provoca que la maquinaria judicial apriete las tuercas y endurezca las sanciones en el caso de que los delitos se estén repitiendo en el tiempo, amenazando con convertirse en modas.
¿Que aumenta la participación de menores en el tráfico de drogas a pequeña escala? Tras detectarlo y comprobar que las detenciones empezaban a dejar de ser anecdóticas, la Fiscalía aplicó medidas de internamiento. Los delitos empezaron entonces a entrar dentro de la parcela de lo controlado. ¿Que el robo de ordenadores en colegios empieza a ser algo más que una actuación aleatoria? Se proponen sanciones mayores. Y eso es lo que, desde ya, ha comenzado a llevar a cabo el ámbito judicial.
Así las cosas, si ante los delitos de robo con fuerza se contemplaba una  medida de libertad vigilada, ahora se están empezando a dictar otras de mayor gravedad que llevan consigo el internamiento. “La reiteración de hechos  similares, que se trata de delitos que afectan a un derecho  esencial como es la educación, que provoca daños en colectivos especialmente protegidos como son los menores ha motivado esta nueva medida”, apuntan fuentes judiciales.
Buena parte de los institutos y colegios de la ciudad han sufrido robos de material informático. Ni las vacaciones de Semana Santa han servido de descanso, peor aún, los robos han continuado registrándose incluso la quema de uno de los centros afectados, el ‘Ortega y Gasset’. A la hora de endurecer las penas, desde el ámbito judicial se ha tenido en cuenta el hecho de que se está cometiendo un tipo de robo de material que es difícil de sustituir. En estos momentos hay tres menores que están cumpliendo medidas de internamiento semiabierto, ya que no cabría el internamiento cerrado (que se cumple en Punta Blanca) al no haber violencia ni intimidación en las personas ni peligro para la vida. La denominada ‘delincuencia potente’ termina en el reformatorio de Calamocarro.
Con estos pasos se pretende acabar con un tipo de delincuencia que está provocando muchos quebraderos de cabeza entre la ciudadanía. Hay trabajadores que desde el ámbito penal y desde el civil suman sus fuerzas para evitar, con el debido control y seguimiento, que esto vaya a más.
En Medio Abierto, a las órdenes de Palomo, trabajan siete educadores y dos psicólogos para hacer cumplir esas sanciones judiciales. Cada educador se encarga de atender, de media, a 17 menores. La edad en la que la delincuencia cobra su particular repunte es la comprendida entre los 16 y 17 años. Es ahí cuando se produce esa peculiar fractura social en la que el adolescente puede elegir el espejo del delito para contemplarse. Así tristemente ocurre.
Cuando un menor es detenido por las fuerzas de seguridad, se pone en marcha toda la maquinaria. Una vez puesto a disposición judicial se determina la sanción oportuna que, en el 90% de los casos, se alcanza por conformidad. De hecho Ceuta es pionera en juicios rápidos en relación a delitos producidos por menores, yendo de la mano la pieza sobre responsabilidad civil y la penal que se le puede imputar. En cinco días tiene que haberse designado a un técnico o a un responsable que se encargará de intervenir de acuerdo a la sentencia que se haya dictado. El tiempo de espera no llega ni a la semana. Así que si un adolescente ha sustraído ordenadores de un centro escolar, no habrá pasado ni tiempo para asumir el impacto de ese robo cuando ya habrá un experto del Área de Menores intentando recuperar a quien ha comenzado a elegir el sendero del delito como estilo de vida.
Tal y como han explicado a ‘El Faro’ desde el Área de Menores de la Ciudad Autónoma, el educador realiza un análisis de toda la documental recibida en torno al menor y contacta con su entorno. Se dispone de una base de datos para conocer si el detenido en cuestión es reincidente y se procede a la realización de la oportuna entrevista a la familia. El menor firma un acta del inicio de la medida en la que se incluirán los derechos y obligaciones así como se anotarán las medidas impuestas por el juez. El proceso se ha puesto en marcha. Es un proceso que el ciudadano no conoce, que queda en la intimidad del protagonista de los hechos, del juez y fiscal de Menores y de los propios educadores. Un proceso del que depende, y mucho, que pueda recuperarse a quien ha delinquido, algo básico para ayudar a una posterior organización social adecuada basada en las reglas comunes para todos.
En esa evaluación que se hace del menor, el equipo del Área de Menores trabaja en el llamado ‘nivel de riesgo’, es decir, aquello que rodea al sancionado y que puede influir en que haya caído en la delincuencia. Los referentes están ahí. Y lo están para todos. ¿Cuál es el perfil del delincuente? La excusa del “hijo que me ha salido malo” no vale, hay una serie de factores que terminan ayudando a que, al final, ese hijo termine creyéndose que es ‘el malo’ de la casa y lo demuestre. Las creencias, el entorno, los modelos de vida están ahí.
En un periodo de unos 20 días, el educador termina perfilando un programa individualizado de ejecución que el propio juez aprueba y el secretario liquida, marcándose así el inicio y fin de las medidas de Medio Abierto. Habrá charlas, seguimientos, controles, cumplimientos de medidas y dos contactos semanales que deberán cumplirse a rajatabla ya que cualquier incumplimiento lleva consigo la adopción de medidas de quebrantamiento. Es decir, cumplir una medida que no sea el tradicional internamiento en Punta Blanca no es ‘cachondeo’. Hay controles, cada tres meses el educador informa al juez de la evolución, y si se detectan incumplimientos las sanciones irán a más.
La coordinación es clave, y al menos en este campo existe, el cumplimiento de los plazos es exhaustivo y no hay acumulación ni famosas ‘listas de espera’ en la atención a los menores delincuentes.
Encontrar el motivo que lleva a un adolescente a llenar su espacio vacío cometiendo delitos resulta complejo. Cuando menos, en la labor diaria que compaginan educadores y miembros del ámbito judicial queda la esperanza de que buena parte de esos adolescentes son recuperables.

En datos

El perfil
Menores, varones, de nacionalidad española
De acuerdo con la estadística correspondiente a 2012 del Ministerio Fiscal, la amplia mayoría de los menores a los que se aplicó alguna medida judicial son varones y españoles. De los 238 casos registrados en 2012, 127 se correspondían con españoles y el resto eran marroquíes (22). Respecto al sexo, en un 90% de los casos se trata de varones.
Medidas
Priman las libertades vigiladas y tareas
De entre las medidas impuestas por el Área de Fiscalía, prevalecen las de libertad vigilada (149 de los 238 casos) y las tareas socioeducativas, que alcanzan un total de 33. En el caso del internamiento cerrado, es decir el ingreso en Punta Blanca, se dictaron 15 casos, mientras que en régimen semiabierto, que es lo que se está aplicando a quienes sustraen ordenadores, fueron 14.
Estabilidad
Evolución del delito
A pesar del impacto mediático de algunos casos, el volumen de delitos protagonizados por menores se estabiliza en relación a otros años.

El Área de Menores pone en marcha programas adaptados a cada caso

Menores que cometen infracciones de seguridad vial, otros que caen en sus primeros delitos por efecto del mal uso dado a la red de redes o aquellos que, por mera influencia de la moda sin necesidad alguna de que existan bandas o adultos que los manipulen, cometen robos. Para  cada caso que llega al Área de Menores, se perfila un programa de actuación distinto. El notable incremento de los delitos contra la salud pública y la alta tasa de reincidencia que los acompañaba llevó, por ejemplo, a diseñar un programa en el que los educadores trabajaron en la información sobre las implicaciones y consecuencias de la reincidencia, detectando además la raíz que llevaba a estos hechos. Con un uso de un lenguaje sencillo, narrando historias cotidianas de la vida, menores  que han caído en el tráfico de sustancias estupefacientes aprenden a reconocer el porqué de su actitud. Los educadores tienen que conseguir adentrarse en esas mentes, conocer su desarrollo moral, sus valores, la comunicación que tienen con sus padres o cómo cubren su tiempo libre. Las infracciones relacionadas con la educación vial han dado pie a otro tipo de programas de tareas socioeducativas, en los que se inculca a los menores los conocimientos necesarios para corregir su actitud. Analizar las consecuencias de las decisiones que uno adopta, aprender a seleccionar objetivos y prioridades o elegir las alternativas más justas son algunos de los contenidos del programa impartido. Se trabaja la conducta y se forma al menor, además de conocerse las situaciones de riesgo.
En los programas que prepara el Área de Menores se manejan además historias inventadas que tienen su parte de adecuación a la realidad. El menor que ha delinquido entra en contacto con profesionales que le van a ayudar a reconducir su conducta y que, sobre todo, van a controlar su evolución informando a los jueces y fiscales de cómo va ese desarrollo. Los relatos que se ponen encima de la mesa buscan provocar sensaciones a menores, a menudo amenazados por los llamados pensamientos borrosos, erróneos que conducen a una trampa negativa y pueden llevar al menor a adoptar conductas delictivas al no ser capaz de salir de un círculo vicioso. Conseguir el cambio es el gran reto al que se enfrenta Menores, yendo más allá del titular de prensa.