La denuncia de la Fiscalía que abre la vía penal sobre la actuación de la
delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, competente en materia de Menores, por la expeditiva expulsión en agosto de decenas de menores marroquíes solos llegados a Ceuta durante la crisis de mayo, ya sancionada por lo Contencioso-Administrativo, tendrá ahora que ser valorada por el
Juzgado al que corresponda su instrucción para admitirla o no a trámite. En caso afirmativo, el juez o jueza que asuma la causa debería citar a declarar, si atiende las peticiones del Ministerio Público, a ambas en calidad de investigadas por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y, como testigos, entre otros, al jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación, así como al director general de Asuntos Generales de la
Ciudad, Francisco Pérez Hita; a la jefa de Menores, Antonia Palomo; a las abogadas que tomaron las primeras iniciativas judiciales que lograron parar en cuatro días las devoluciones... La investigación administrativa de la acusación pública comenzó el 13 de octubre a partir de una denuncia de la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola. Su presidenta, Nuria González, ha anunciado que se personarán en el procedimiento “con el objetivo de defender los Derechos Fundamentales de la Infancia en el Estado” presuntamente vulnerados con premeditación y alevosía. El escrito de la Fiscalía considera que tanto Mateos como Deu era “perfectamente conocedoras de su ilícito proceder” cuando pactaron que “a pesar de carecer de competencias para ello” serían las autoridades de la Ciudad “las que decidirían qué menores debían ser expulsados” y las encargadas de “ejecutar su entrega” al país vecino con la Policía Nacional. Según datos oficiales, entre el 13 y el 16 de agosto se echó a 55 (en realidad el objetivo era librarse de una tacada de 145, pero Rabat únicamente aceptó 15 cada día), aunque la Fiscalía limita su acción a 34. “La delegada no acordó en ningún caso la incoación del preceptivo procedimiento de repatriación ni se constató si el interés superior del menor se satisfacía con su reagrupación familiar o su puesta a disposición de los servicios de protección de
Marruecos”, remarca el Ministerio Público, que también reseña que “no se recabó en ningún caso el preceptivo informe” del Reino alauita sobre sus circunstancias en origen. “Tampoco se requirió a las entidades que tenían asumida la tutela, custodia, protección individual o guarda de los menores información acerca de su situación y en todos los casos se obró sin informar previamente a estos de los antecedentes que habían determinado su repatriación ni de los derechos que les asistían”, añade la denuncia, que también alerta de que “en ningún caso se permitió que pudieran formular alegaciones o proponer la práctica de pruebas”.
No se recabaron tampoco los preceptivos informes del Ministerio Fiscal o el Área de Menores; no se reunió información sobre identidad, familia o domicilio; y no se dictó resolución escrita alguna acordando la repatriación. Por añadidura, “se vulneró el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros”, remacha el escrito que pide su imputación por el resultado final de un operativo que se concibió para echar a 145 jóvenes de una tacada, aunque Rabat solo aceptó al final 15 al día. La Fiscalía estima que Mateos y Deu actuaron de manera “concertada” y “a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico” entre otras cosas porque tanto Palomo, por escrito y de manera verbal, y los responsables de SAMU alertaron expresamente de que con su proceder estaban saltándose la legislación que siempre dijeron poder regatear apelando al Acuerdo con Marruecos de 2007 que en su articulado exige precisamente lo contrario. El 11 de agosto,
en la frontera del Tarajal, las autoridades españolas y marroquíes pactaron implementar aquel pacto que Deu quiso desempolvar desde una semana después de la avalancha migratoria, algo que no se había hecho nunca, obviando que su artículo 5 impone “observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas”.
El doble aviso de Palomo
“Dicho acuerdo”, refiere la Fiscalía en su denuncia, “fue alcanzado de forma verbal y a pesar de que la jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta [Antonia Palomo] hizo patente una vez más, en esta ocasión de viva voz [días antes de lo había hecho por escrito], su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”, tal y como posteriormente reiteraron el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el Defensor del Pueblo y multitud de asociaciones y expertos.
Caso omiso se hizo también a las reticencias que los responsables de la Fundación SAMU, con la que se había contratado la gestión de algunos albergues de emergencia, expresaron a Deu para transmitirle “su preocupación por la posible situación de vulnerabilidad de los menores, así como por no preservarse de aquel modo su superior interés”. La Delegación y el Gobierno de Vivas no han dejado de defender nunca su interpretación de que el acuerdo migratorio rubricado en 2007 entre España y Marruecos estaba por encima de la Ley de Extranjería y han repetido en múltiples ocasiones que desde su punto de vista en las devoluciones de agosto se cumplió con el “tratamiento individualizado”. Solo a mediados de septiembre las dos administraciones acataron que debían aplicar el Reglamento de la Ley de Extranjería para intentar realizar repatriaciones legales, pero Marruecos lo ha hecho inviable al no contestar más que una ínfima parte de las casi mil peticiones de información sobre otros tantos niños cursadas por España. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 local condenó en marzo a la Administración General del Estado a “adoptar las medidas necesarias” para conseguir “el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados” a Marruecos al margen de la legislación española, pero tanto la Delegación como el Ejecutivo local han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y han advertido que no intentarán cumplir el veredicto hasta que sea firme.