La Fiscalía de Ceuta, "ejemplo de buena práctica" ante la entrada de niños en mayo

La crisis de mayo y la forma en que Ceuta tuvo que afrontar la entrada de miles de marroquíes pero, sobre todo, la de más de mil niños engañados con ganchos como la celebración de un partido con asistencia de Cristiano Ronaldo, ha tenido gran protagonismo en la memoria anual 2021 que el Defensor del Pueblo ha registrado este viernes en las Cortes Generales. Una memoria que recoge un total de 58 quejas procedentes de nuestra ciudad. El Defensor del Pueblo no ha dudado en ensalzar el papel que en aquellos críticos momentos desempeñó la Fiscalía de Ceuta, de la que dice que es “un ejemplo de buena práctica que merece ser destacado” sobre todo “porque fue capaz de conjugar la necesaria inmediatez y agilidad en las actuaciones para la protección de los menores con las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos”. En la madrugada del 17 de mayo, Marruecos decidió escribir la historia de una de las mayores afrentas a España, usando a Ceuta de cabeza de turco. Fue un chantaje en toda regla materializado en el nulo control de las fronteras, lo que se tradujo en la entrada de miles de alauitas y cientos de niños, algunos de muy corta edad. “Al dejar de controlar su frontera, durante los días 17 y 18 de mayo, supuso una actuación extrema, no solo para sus propios ciudadanos, cuya integridad física se puso en riesgo, sino también para la población ceutí, que vivió unos días de verdadera angustia. Transcurridos esos primeros días, y una vez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el ejército consiguieron restablecer el orden, había que adoptar las medidas necesarias para el retorno a Marruecos de aquellos adultos que accedieron de forma irregular a territorio nacional y aún permanecían en la ciudad”, recoge el Defensor. Muchos retornaron voluntariamente, pero el grave problema eran los niños. “En las primeras semanas, ante la situación creada, los esfuerzos se centraron en la búsqueda de vías ágiles para la reagrupación con sus familias de forma segura de los más de 1.000 menores que permanecían en Ceuta y, al mismo tiempo, en la puesta en marcha de condiciones de acogida digna para los miles de personas que permanecían en la ciudad autónoma”, puntualiza. Y es aquí donde entra cabida el trabajo de muchas áreas, de cuantiosos profesionales que, de forma anónima, pusieron en marcha los mecanismos para proteger a esos niños habilitando in extremis recursos para que pudieran estar, al menos, bajo techo y recibir comida y ropa.

Los procedimientos seguidos con 1.500 menores y la devolución polémica

Durante 2021 han sido las entidades de protección de menores autonómicas de Ceuta y Canarias las que han debido afrontar los principales retos en la gestión de la acogida de emergencia de un gran número de menores extranjeros no acompañados. Nunca hubo cifras oficiales, ya que el Ministerio de Interior se ha negado a dar cifras hasta la fecha, pero se estima que unos 1.500 menores entraron aprovechando esa falta de control fronterizo marroquí. Más de 1.100 fueron reseñados por la Policía Nacional y entregados a los servicios de protección ceutíes. Se habilitaron recursos de emergencia y se firmó un convenio de colaboración con una entidad especializada en infancia, para la realización de entrevistas individuales en las unidades de acogida temporal de emergencia, lo que garantizaba conocer las circunstancias personales y familiares de cada uno de estos menores. El Defensor del Pueblo hace mención a las cuestiones que, en esos momentos de tensión, más preocuparon: la atención sanitaria; la búsqueda de instalaciones para alojamiento de emergencia; el registro inmediato de cada uno de los menores en el Registro de menores extranjeros no acompañados, y la detección ágil de las vulnerabilidades más importantes en los menores para poder encontrar, de manera individual, la solución duradera más adecuada. “En las tres primeras cuestiones se fue avanzando de manera correcta, aunque no con la agilidad deseada desde las primeras semanas. La última cuestión que, a juicio del Defensor del Pueblo, era la clave para poder garantizar que las actuaciones que se llevaban a cabo tenían en consideración primordial el interés superior del menor, se interrumpió de manera inesperada el 13 de agosto”, expone. Ese día fue el clave, el más polémico y el que ha terminado judicializado, porque fue cuando comenzaron a ejecutarse devoluciones a Marruecos de algunos de estos menores, sin respetar el procedimiento previsto en la legislación de extranjería. De manera inmediata, el Defensor del Pueblo formuló un Recordatorio de deberes legales al ministro del Interior, a fin de que cesara inmediatamente esa actuación. El Defensor dejó claro que debían cesar esas devoluciones. Por ello, se le recordó al ministro del Interior el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.5 de la Ley Orgánica 4/2000, para lo cual se habrá de solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Asimismo, acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tuviese suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal, la Administración del Estado debe resolver lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. El Ministerio del Interior consideró que su actuación era correcta y que Marruecos se comprometió a velar por los intereses de los menores, ya que se contaría con la protección de los responsables locales que supervisan el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán, garantizando sus derechos hasta su entrega a sus progenitores o, de no existir, el organismo marroquí Entraide Nationale. Todo quedó paralizado.

La “exhaustiva supervisión” de un caso histórico y nunca previsto

En todo este asunto ha sido importante tener una Fiscalía con capacidad para funcionar adecuadamente ante un reto nunca esperado. Esa “exhaustiva supervisión” realizada por la Fiscalía de Menores de Ceuta de la situación, trasladada al Defensor del Pueblo por la Fiscalía General del Estado, junto con la completa información facilitada por los servicios de protección de menores de la ciudad autónoma ha permitido tener un amplio conocimiento de los acontecimientos, conforme se iban produciendo. Además, el Defensor del Pueblo, realizó una visita a los centros habilitados. En un primer momento un elevado número de menores no acompañados fueron alojados provisionalmente en las naves del Tarajal. De manera inmediata, los días 16 a 19 de mayo, representantes del ministerio fiscal, realizaron visitas, para comprobar el estado de los menores y las condiciones del lugar de acogida temporal. Esas imágenes fueron captadas por El Faro. Según la información facilitada por la Policía durante los primeros días, el número aproximado de menores contabilizados ascendía a 850, de los cuales cinco dieron positivo en covid-19 y fueron aislados en una zona de la propia nave. Durante las visitas efectuadas, la Fiscalía pudo comprobar que “la nave de acogida temporal se encontraba en un estado deplorable, en condiciones no óptimas para albergar a un número tan elevado de menores. Se citaba, como ejemplo, la insuficiencia de las raciones de comida en un principio, así como la existencia de una sola letrina o baño”. Ese conocimiento de lo que sucedía permitió reaccionar de forma rápida siempre en beneficio del menor. La Fiscalía dio traslado de esta información a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la ciudad autónoma, con el fin de que se diera una solución rápida a la situación, promoviendo el realojo y la adecuada manutención de los menores. En los días posteriores, mantuvo múltiples conversaciones con las administraciones competentes para hacer seguimiento de la situación y facilitar la reagrupación de los menores con los familiares que habían contactado telefónicamente con la ciudad autónoma, que recibió más de 4.000 llamadas. Por su parte, la entidad pública de protección de menores dio traslado de la necesidad urgente de habilitar un espacio digno para la estancia de estas personas, comenzar las entrevistas necesarias para abrir un expediente individual de cada uno de ellos, así como localizar a sus familiares. Fue así como se habilitaron espacios en Santa Amelia, con camas desmontables para ubicar al menos a 250 menores, y Piniers, que se destinó al aislamiento de los menores que hubieran dado positivo en covid-19, así como las naves del Tarajal.

La Fiscalía, un ejemplo de “buena práctica” que merece ser destacado

Los días 25 de mayo y 17 de junio, la Fiscalía se reunió con representantes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, de entidades públicas de protección de menores, de la Consejería de Menores, la Policía Nacional, INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), del Instituto de Medicina Legal y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a fin de aclarar diversos aspectos relacionados con la situación: los procedimientos de filiación y determinación de la edad de los menores; los intentos de reagrupación familiar y las dificultades para proceder a la entrega de los menores en la frontera por la oposición de Marruecos; la asistencia sanitaria proporcionada; los procedimientos de escolarización, y las condiciones de acogida de los menores. El Defensor del Pueblo considera que la actuación de la Fiscalía en Ceuta constituye un “ejemplo de buena práctica que merece ser destacado”. Especialmente, porque fue “capaz de conjugar la necesaria inmediatez y agilidad en las actuaciones para la protección de los menores con las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos”. Buen ejemplo de lo anterior lo constituye “el procedimiento empleado para la determinación de la edad. Se comenzaron a realizar las pruebas a aquellos que por su apariencia pudieran ser mayores de edad. Las pruebas médicas que se realizaron variaban según la edad aducida por el menor. En la elaboración de los informes médicos participaron, junto a la clínica forense de Ceuta, otras de las comunidades autónomas cuya competencia depende del Ministerio de Justicia”, indica el Defensor. La Fiscalía en Ceuta resaltaba que las horquillas de edad informadas fueron muy amplias, por lo que, en el decreto de determinación de la edad, se dio especial relevancia a la fecha de nacimiento que proporcionaba el interesado en la comparecencia en la que se le solicita el consentimiento. Se destaca también, como ejemplo de buena práctica, que dicha adscripción de Fiscalía informó detalladamente sobre la notificación del decreto de determinación de la edad, en función de si el resultado era de minoría o mayoría de edad. Asimismo, se hacía referencia también a los procedimientos con los que la abogacía puede plantear a un juez la minoría de edad y debatir sobre el decreto notificado, tanto en el orden jurisdiccional civil como en el contencioso-administrativo. La Fiscalía indicó que estaba admitiendo, como medio para la determinación de edad, las fotografías de documentos de identidad que aportaban los menores, debido a la imposibilidad de aportar el original, por encontrarse la frontera cerrada por motivos sanitarios y ser imposible el paso de personas u objetos. En estos casos, resulta innecesario realizar pruebas complementarias para determinar la edad de personas que ya cuentan con documentación de su país de origen, tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo.

Denuncias presentadas en medio del caos: la historia del niño de las botellas

La entrada de los menores supuso el traslado al Defensor de varios casos de supuestas irregularidades. Así recoge la Institución cómo comparecieron varias entidades sociales dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia para dar traslado de su disconformidad por las devoluciones sin procedimiento de menores de edad a Marruecos. Una de las quejas se refería a un menor marroquí, que llegó a nado en varias ocasiones a Ceuta y que fue devuelto a Marruecos, cuyas imágenes y circunstancias personales fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Fue el caso del llamado niño de las botellas, Achraf, devuelto en frontera y cuyo caso, llegado a la Fiscalía, terminó archivado al considerarse que los ejecutores de dicha entrega no habían podido saber si se trataba o no de un menor de edad. Asimismo, se recibió una queja, también en representación de otro menor de edad, de nacionalidad guineana, que fue devuelto el 20 de mayo a Marruecos, sin procedimiento alguno. En este caso, la asociación compareciente afirmaba que este menor ya había sido devuelto a Marruecos en 2018 desde Melilla, cuando contaba con 15 años. El expediente de devolución del presunto menor había sido examinado durante la visita realizada por técnicos del Defensor del Pueblo a la Comisaría de Policía de Melilla en 2018, de la que se dio cuenta en el informe anual correspondiente. El Defensor recoge detalles, y para bien, de cómo se actuó en aquella tremenda crisis como la que nunca se había vivido en Ceuta. Se dio traslado urgente de todas las quejas a la Fiscalía General del Estado, que a su vez las remitió a la Fiscalía de Área de Ceuta, que estaba pendiente de recibir información sobre las órdenes que se habían impartido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los militares que colaboraron en su apoyo en la entrada masiva de personas. En concreto, en relación con los hechos en ellas denunciados. El Defensor insiste en el Recordatorio de deberes legales formulado al secretario de Estado de Seguridad en junio advirtiendo a las fuerzas de seguridad que deben colaborar.

Otros casos polémicos: expulsión de congoleñas y yemeníes

El Defensor recoge en su informe otras expulsiones que nada tienen que ver con los menores. Tales como las de congoleñas y yemeníes. En el caso de las primeras, esas mujeres terminaron intentando otra entrada posterior por Melilla. Así el 20 de septiembre se recibieron varias quejas de distintas entidades, solicitando la intervención del Defensor del Pueblo, ante la llegada de un grupo de unas 125 personas al Peñón de Vélez de la Gomera, entre las que se encontraban, al menos, 8 menores de edad y 60 mujeres. Al escrito de queja se adjuntaron dos listados con los nombres de estas personas, quienes, según afirmaban las asociaciones, habían manifestado su intención de solicitar protección internacional ante funcionarios españoles. Además, se alertaba de que varias de las mujeres congoleñas que allí se encontraban ya habían accedido a territorio nacional el pasado 17 de mayo, a través de Ceuta. El Defensor del Pueblo formuló un Recordatorio de deberes legales al ministro del Interior, a fin de que diese cumplimiento al principio de no devolución (de acuerdo con el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951; el considerando 13 del Reglamento (UE) 656/2014, de 15 de mayo, y en el artículo 5 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre), que impide que pueda devolverse sin procedimiento a personas con necesidades de protección internacional, que hayan entrado en contacto con autoridades nacionales. En el momento de elaboración del presente informe no se había recibido respuesta al citado Recordatorio. Además la letrada de una asociación afirmaba que un grupo de mujeres congoleñas habían sido devueltas sin procedimiento alguno desde Ceuta a Marruecos. Exponía que estas mujeres se entrevistaron con personal del ACNUR y que expresamente manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional. A pesar de lo anterior, fueron trasladadas desde el centro de estancia temporal de inmigrantes a la valla fronteriza y entregadas a las autoridades marroquíes. Cabe destacar que en dicho grupo se encontraban una mujer embarazada, un bebé y dos menores de edad. En el caso de los yemeníes, una asociación compareció en nombre de siete personas que se identificaron de ciudadanía yemení, que afirmaban haber sido devueltos a Marruecos sin procedimiento, tras acceder a Ceuta, junto a los miles de ciudadanos marroquíes que cruzaron de manera irregular el perímetro fronterizo, la semana del 17 de mayo. Todos referían haber huido de Yemen y aludían a su condición de refugiados. Afirmaban que habían solicitado protección internacional en Ceuta y, en algunos casos, indicaban que su petición fue registrada. Se pidió información a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el procedimiento de devolución incoado y las solicitudes de protección internacional a las que hacían referencia en sus quejas. En su respuesta, la citada secretaría de Estado afirma que no existe constancia alguna de estas peticiones en sus bases de datos.