La
Fiscalía de Ceuta ha acordado
incoar diligencias de investigación penal por presunta prevaricación administrativa a raíz de la denuncia presentada por
CGT contra la aplicación por parte de la
Delegación del Gobierno de un régimen retributivo a los beneficiarios del
Plan de Empleo 2021-2022 inferior al que marca el Convenio del Personal Laboral de la Administración General del Estado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha entendido que debería ser de aplicación en esos programas.
El sindicato se ha ratificado este martes en su denuncia, ya que según su secretario general en Andalucía, Miguel Montenegro, la actitud de la institución de la Plaza de los Reyes, que acumula decenas de sentencias en contra de su criterio retributivo de primera y segunda instancia por los Planes de Empleo 2019-2020, le suena a “claro desacato”. “El Ministerio Público nos ha preguntado sobre qué persona concreta dirigimos nuestra denuncia y le hemos explicado que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, es la persona que ha firmado los últimos más de 700 contratos que insisten en vulnerar un derecho fundamental de los trabajadores, aunque desconocemos quién o quiénes en su equipo tomaron la decisión de no aplicar el Convenio que ha exigido la Justicia”,
ha detallado Montenegro. El TSJA ha dejado claro que no encuentra “un fundamento racional” en la decisión adoptada por la Delegación de “no aplicar el régimen retributivo previsto en la norma pactada a la que se sujeta su personal y abonarle un salario inferior al que obtienen otros trabajadores que ocupan el mismo puesto y desempeñan similares funciones, medida que resulta desprovista de justificación objetiva y razonable y que vulnera por tanto el artículo 14 de la Constitución”. La Administración General del Estado barajó durante semanas distintas opciones sobre qué hacer con los Planes de Empleo que arrancaron en diciembre a la vista de esos pronunciamientos judiciales, entre ellas incluso la supresión de los programas. También se contempló reducir la jornada laboral de los beneficiarios (establecida en 7 horas diarias) o recortar el número de contratados, pero finalmente se optó por mantener los salarios de ediciones anteriores sin ningún otro retoque de las memorias.
La Ciudad ya se vio en una tesitura similar (en su caso fue UGT la que dio la batalla legal) y el Ejecutivo local optó por incrementar las retribuciones de los incorporados de acuerdo con el veredicto judicial, con lo que los salarios de los incorporados a sus Planes de Empleo se dispararon hasta 3.700 euros euros al mes.
Al Juzgado también con Obimace
Por otro lado, CGT ha anunciado en un comunicado a los medios que, tras no poderse ver con el consejero de
Medio Ambiente, Yamal Dris, como habían acordado esta mañana, el sindicato ha decidido abrir la vía jurídica por la situación laboral en Obimace.
“Consideramos una absoluta falta de respeto, un desplante y una declaración de 'guerra' contra CGT en
Obimace la actitud del consejero, que hasta el momento ha incumplido todos sus compromisos asumidos literalmente como encargado directo de la empresa tras la desgraciada y delicada situación de salud del gerente de esta empresa pública”, ha lamentado la central. “La situación laboral y en materia de prevención de riesgos es insostenible en la sociedad”, ha concluido, “por lo que tras agotarse la vía del diálogo y la paciencia de nuestra afiliación procederemos a usar los medios legales a nuestro alcance ante el desprecio de los caminos que lleven a acuerdos y actuaciones dirigidas a aportar soluciones conciliadas”.