El fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado, José Javier Huete, se alineó este jueves en Ceuta con
la reivindicación de la Ciudad Autónoma de que la presión migratoria de
jóvenes extranjeros no acompañados se reparta entre todas las regiones del país. “Hay que analizar quién tiene que hacerse cargo de ellos porque no es razonable que se concentren en territorios, como sucede en Ceuta, donde por volumen son inatendibles. Tener a cientos de chicos en un centro [en ‘La Esperanza’ ya hay cerca de 430] no es algo operativo: no se les puede dar formación ni prepararlos para un recurso posterior”, advirtió en declaraciones a los periodistas antes de pronunciar una conferencia titulada ‘El Procedimiento de Menores, Especialidades, Medidas Cautelares, trámite de audiencia y Ejecución de Medidas’ en
las jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados. Desde su punto de vista lo que corresponde es “poner de acuerdo a la Comisión Interautonómica para la distribución de estos chicos en base a la solidaridad y que quienes no tienen este problema ahora colaboren en la solución del que padecen Ceuta, Melilla y algunas ciudades andaluzas”.
Huete también se mostró contundente sobre la criminalización de los niños y adolescentes extranjeros solos: “A mí el término MENA no me parece muy adecuado porque se usa incluso de forma despectiva: son menores migrantes que no tienen un adulto de referencia al llegar al territorio nacional y a los que el Estado se ha obligado legalmente a darles tratamiento asistencial de protección”.
A juicio del fiscal, “no se les tiene que vincular o no con delitos por ser menores migrantes” y “no se les puede cuestionar porque reciban atención como cualquier menor español que se quede sin un adulto de referencia protector”. “Hacerlo es caro, sí, un problema en época de crisis, pero hay que recuperarlos, formarlos, educarlos y darles un futuro porque para eso nos hemos obligado con nuestra legislación”, dejó claro Huete.
“En el tema de los menores migrantes no acompañados hay que sacarlos del foco mediático: no pueden ser el centro de atención que determine cuál es la intervención del Estado porque ya están establecidas. Que cambien la ley si quieren”, advirtió sobre los partidarios de otras políticas menos humanitarias, “pero que afronten que ello iría en contra de las indicaciones de la ONU y de la Convención de Derechos del Niño”.
Sobre la delincuencia juvenil en términos generales, el fiscal delegado reconoció que “hay elementos muy preocupantes como el hecho de que los tipos delictivos vinculados a la violencia están creciendo: repuntan los robos con violencia, las lesiones, las agresiones sexuales y, fundamentalmente, la violencia filioparental”.
No obstante, valoró los avances conseguidos durante los últimos años con reformas legales, tanto en materia de protección como de reforma.
“Tenemos un problema con la violencia de género en las Redes Sociales”
‘Violencia de Género y Nuevas Tecnologías’ fue el título de la ponencia que impartió la fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín, en las jornadas formativas del Colegio de Abogados de Ceuta, cita en la que subrayó que “el tema más importante que ahora existe en violencia de género, que afecta sobre todo a los más jóvenes, a los adolescentes, se desarrolla sobre todo a través de ese tipo de herramientas”.
“Tenemos un problema muy grande para atajar la violencia de género, sobre todo psicológica, porque los jóvenes identifican que una torta no se permite y que supone el fin de una relación, pero la violencia de control, la humillación, el insulto o la coacción”, lamentó en declaraciones a los periodistas, “no se identifican tan pronto como violencia de género aunque lo sean y puede generar unos efectos mucho más perniciosos en las Redes Sociales que una torta”.
A su juicio “los retos de futuro pasan por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal porque las modalidades comisivas son cada vez más diversas y complejas”, ya que “encontrar el tipo delictivo es complejo y conviene delimitarlos”.
También opina que es necesario “establecer medidas cautelares y penas que protejan más a la víctima como que se pueda de forma efectiva bloquear una página o retirar un archivo, regular la suplantación de personalidad en la vida digital y establecer penas que prohíban al agresor volver a usar las Redes Sociales”. Otro desafío es “tipificar” la redifusión de mensajes, actualmente con “difícil encaje” en la legislación vigente.