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La fiscal baja su petición de cárcel a los acusados de prácticas radicales

Este jueves tendrá lugar la última sesión de juicio en la Audiencia Nacional y se concretará la nueva calificación

La fiscal ha anunciado que rebajará la petición inicial de 12 años de prisión para los tres acusados (entre ellos dos de Ceuta) de formar un frente de cárceles radical en los centros penitenciarios españoles.

Esa rebaja viene motivada por la retirada de la acusación por el delito de constitución de grupo terrorista y estimar que cometieron el de colaboración o captación y adoctrinamiento.

Al término de la sesión de este miércoles del juicio, la fiscal ha comunicado a las partes que les enviará copia de los cambios en sus conclusiones definitivas, que explicará este jueves durante su informe.

La Audiencia Nacional ha mantenido que los acusados deben ser condenados por colaboración con organización terrorista o por el de captación y adoctrinamiento terrorista.

Penas posibles de 8 años

En sus conclusiones provisionales antes del juicio la fiscal ya apuntaba que tanto si los acusados eran condenados por colaboración como por captación procedería condenarles a ocho años de prisión, aunque la pena que finalmente pida la dará a conocer en la vista cuando exponga su informe.

Las acusaciones, ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, se han adherido a la solicitud de la Fiscalía mientras que los abogados defensores han reclamado la absolución de todos los acusados, que negaron en el juicio haber formado un frente de cárceles.

Los acusados, Mohamed E.G., Karim A.M. y Abdelah A.A., junto con el fugado Abderrahmane T., también conocido como Mohamed A., ya se sentaron en el banquillo de los acusados en julio de 2022 por estos hechos y resultaron absueltos al descartar el tribunal que formasen una red dedicada a favorecer al Dáesh pero, tras recurrir la Fiscalía, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ordenó repetir el juicio.

Un ideario radical nunca abandonado

La fiscal mantiene en sus conclusiones que mientras los acusados cumplían condena en prisiones españolas por delitos de terrorismo entre 2014 y 2019 coincidiendo en distintos centros penitenciarios o manteniendo contacto por cartas decidieron cohesionar a todos los encarcelados por delitos relacionados con el terrorismo.

Añade que trataban de que no abandonaran su ideario y que se mantuvieran fuertes y unidos durante su estancia en prisión para que ninguno de ellos se viera tentado a abandonar la yihad armada, apoyándose unos a otros cuando no coincidían en la misma cárcel con cartas con contenidos yihadistas como la bandera de Dáesh y emplazándose para seguir la actividad terrorista cuando salieran.

La Fiscalía señala que igualmente los acusados adoctrinaron, radicalizaron y captaron a nuevos adeptos.

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