La instrucción del
‘caso Emvicesa’ aún no ha colocado su punto y final. Son algo más de 50 las personas que figuran en esta macrocausa en calidad de investigadas sin que se haya dictado sobreseimiento para alguna de ellas. Los delitos con los que se les relaciona son variados, de acuerdo con la presunta implicación que cada una tiene en un asunto que ha absorbido una ingente cantidad de recursos judiciales y policiales desde su inicio, en 2015.
Fuentes del TSJA han confirmado a El Faro que la instrucción “está cerca de concluir”, ya que únicamente “están pendientes del resultado de una diligencia que se ordenó practicar y en virtud del mismo se decidirá si se concluye ya o no la instrucción”, puntualizan. Al margen de esta decisión figura la pieza separada abierta por un presunto tráfico de influencias dirigida contra otras personas a las que se les fue tomando declaración en los últimos meses.
El punto y final a la instrucción se antoja como la clave esperada por las distintas Defensas representadas en el procedimiento. Sus líneas de actuación discurrirán de acuerdo con los intereses de sus patrocinados, sin que se descarte que haya quienes fuercen acuerdos con el Ministerio Fiscal sobre todo en los casos de entregas de dinero a cambio de presuntas complacencias en la obtención de una vivienda de protección oficial.
Todas las personas que fueron encarceladas están en libertad con cargos
Todos los que fueron detenidos y encarcelados en esta macrocausa están en libertad con cargos. La salida de Antonio López y el pago de la fianza de un presunto intermediario, trabajador de Obimace, puso el punto y final a la versión carcelaria del que, sin duda, es el caso judicial de los últimos años y uno de los que arrastra mayor periodo de instrucción, aunque dentro de los plazos establecidos.
Los tomos se acumulan en el Juzgado al igual que los informes presentados por las Defensas de algunos de los investigados, solicitando su sobreseimiento. El de mayor peso, sin duda, el del abogado de Susana Román, al considerar que la base de su imputación es sencillamente falsa porque el delito que se le imputa a su patrocinada es “imposible”.
El estudio de ese recurso no solo tiene unas consecuencias judiciales directas, puesto que, de prosperar ante todas las instancias posibles, haría caer la acusación sobre las personas que estaban en la Comisión Local de la Vivienda, teniendo además su vertiente política al ponerse en entredicho la política que en materia de vivienda se siguió en aquel periodo y la que se sostiene en la actualidad.
Tras la finalización de la instrucción vendrá el momento de las partes, de los informes que recojan sus conclusiones y del posicionamiento que en todo este asunto adopte el Ministerio Fiscal con el planteamiento acusador que presente en torno a los presuntos implicados en una trama que tenía como objeto el actuar de manera no rigurosa ni legal con la entrega y adjudicación de las viviendas de promoción pública.
En esa pirámide de roles que investigó la UDYCO figura, en la cúspide, el presunto líder de la trama, Antonio López. El exresponsable de Vivienda que ahora, en libertad con cargos, firma en un juzgado peninsular cumpliendo las medidas cautelares impuestas tras el pago de la fianza. López se habría armado de colaboradores directos, de presuntos intermediarios para captar clientes. Personas que contaban con apoyo de los denominados conseguidores para llegar a quienes podrían mostrar cierto interés en obtener una vivienda pagando por ella, no siguiendo los cauces de una adjudicación reglada y sometida a criterios justos. Como complemento a esa particular pirámide de irregularidades asoman los pagadores y, en otro ámbito completamente distinto, la responsabilidad política que la justicia ve en toda esta historia que hizo saltar las alarmas en la política de vivienda del Gobierno. Y tanto lo hizo que se ordenó un cambio radical en la forma de adjudicar y reordenar la entrega de las viviendas de promoción pública.
Las claves
Investigación protegida por el secreto de sumario Fue muy criticado el largo periodo en el que la causa se mantuvo bajo secreto de sumario, pero esto posibilitó precisamente la protección de las investigaciones judiciales y policiales que se estaban llevando a cabo, así como la posterior cadena de intervenciones que tuvo lugar.
Más de 50 investigados Fruto de los pasos dados por la Policía terminaron más de 50 personas en calidad de investigadas, sin que hasta el momento se haya dictado auto de sobreseimiento para ninguna. La instrucción sigue adelante aunque desde el TJSA se indica que en breve podrá confirmarse su finalización.
La política de vivienda en el punto de mira Sin duda lo que ha supuesto esta investigación es la colocación en el punto de mira de la política en materia de vivienda, con unas indagaciones policiales y judiciales que, de momento, han puesto de manifiesto y en evidencia que no todo se estaba haciendo bien y que el debido cuidado sobre este tipo de procedimientos no se estaba llevando a efecto.