El cierre de varias mezquitas en los últimos años en Tetuán ha generado preocupación entre los ciudadanos. Lo que ocurre en Tetuán no es un caso aislado, sino un reflejo de la política de abandono que sigue el Ministerio de Asuntos Islámicos.
Las mezquitas cerradas se han convertido en símbolos de abandono y lentitud administrativa, mientras los fieles sufren las consecuencias de estos cierres.
En los últimos años, varias mezquitas de Tetuán han sido cerradas con el pretexto de reformas. La mezquita del Barrio, ubicada en la avenida Abdelkrim Al-Jatabi, permanece cerrada desde julio de 2022. Los vecinos denuncian que los trabajos concluyeron hace tiempo, impidiendo el rezo colectivo, pero no hubo información oficial sobre los motivos del retraso ni los plazos de reapertura.
Semanas después, la gran mezquita Afilal, en el barrio de Tlouila, fue cerrada de manera sorpresiva. Además, la mezquita del barrio de Al-Ayoun, en la medina antigua, permanece también cerrada por motivos desconocidos.
La experiencia de Tetuán coincide con lo que ocurre en ciudades como Marrakech, Casablanca o Tánger, donde el ministerio mantiene mezquitas cerradas durante años bajo el argumento de reformas o mantenimiento, sin respetar los derechos de los ciudadanos a la oración.
El problema no es la falta de recursos, dado que el ministerio es uno de los más ricos, sino la ausencia de voluntad, el fracaso de la gobernanza y la falta de vinculación entre la responsabilidad y los resultados.
La población se pregunta el por qué de esta lentitud escandalosa. ¿Por qué obras que podrían durar semanas se prolongan durante años? ¿Dónde está la rendición de cuentas y la transparencia respecto a las empresas encargadas de las obras y los presupuestos asignados?
Según los expertos, la política aplicada se basa en el estancamiento administrativo, privando a los fieles de sus derechos y convirtiendo las mezquitas en espacios abandonados. La prolongación de esta situación proyecta una imagen negativa del ministerio y una ausencia total de sentido de responsabilidad hacia los fieles, y especialmente hacia las personas mayores.
A la luz de lo que ocurre en Tetuán, algunos expertos sugieren que si el ministerio no puede gestionar eficazmente estas reformas, sería más adecuado que la sociedad civil y benefactores asuman la construcción y reparación de mezquitas, como ocurrió en experiencias previas con resultados más rápidos y de mayor calidad.
Hoy Tetuán envía un mensaje claro para todo Marruecos: el derecho a la oración no puede depender de la lentitud administrativa, y la eficiencia y transparencia en la gestión de los asuntos religiosos es una prioridad ineludible.
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