La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), donde se encuentra integrado el sector de seguridad privada –que emplea en nuestro país a algo más de 80.000 trabajadores y trabajadoras–, ha manifestado en un comunicado su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Privada porque se privatizan servicios en detrimento del empleo y de la seguridad pública. “Además, la ley no protege a los vigilantes en su conjunto, tal y como había prometido el Gobierno y la Policía. No elimina el intrusismo, al contrario, lo legaliza en manos de las empresas de seguridad para que amplíen su facturación en una parte del sector que se les escapaba, en detrimento de los trabajadores de la seguridad privada”, señala el sindicato.
Advierte además de que la Ley tiene como objetivo fundamental “privatizar servicios en beneficios de las empresas del sector, dejando al margen a los trabajadores de la seguridad privada”.
