Fiscalía ya ha recibido este año siete procedimientos notificados por los distintos juzgados; son procesos lentos y farragosos
Esta semana se conocía la segunda ocupación por la fuerza de una de las viviendas de la promoción de Loma Colmenar. Se trata de una vivienda asignada en el cupo para discapacitados, preparada específicamente para familias con un miembro que haya demostrado dicha discapacidad. En el caso de marras, se trata de una familia que tiene a su cargo a un joven con una discapacidad muy elevada, por lo que disponer de esta vivienda había supuesto ganar en dignidad, como le ha ocurrido a otros tantos beneficiarios.
Los hechos están denunciados en la Jefatura Superior, iniciándose ahora un proceso farragoso y lento para poder recuperar lo que legítimamente era de su propietario. Fiscalía ha recibido en lo que va de año 7 procedimientos notificados por los juzgados sobre asuntos relacionados con el fenómeno ‘okupa’. Son menos que en otros años, aunque se tiene constancia de que el volumen es muy superior. ¿Y por qué entonces no hay denuncia? Hay casos en los que los legítimos propietarios de la vivienda residen fuera de Ceuta o asuntos que afectan a bloques al completo, por lo que se refieren no solo a una casa sino a varias. Los afectados deben iniciar procedimientos judiciales con tal de recuperar el bien usurpado, aun a sabiendas de que iniciarán una batalla legal contra quien nada tiene, contra insolventes que ni tan siquiera pueden afrontar la multa que se les vaya a imponer.
“A veces el propietario tan solo quiere recuperar su vivienda y que el que la ha usurpado se marche”, apuntan fuentes judiciales consultadas por El Faro. Son los casos que terminan en juicios rápidos de faltas o de delitos leves, en los que se obliga al individuo a abandonar la vivienda en un plazo de diez días. Se trata de personas insolventes que no van a pagar nunca la indemnización que se les aplique, pero se opta por pactar acuerdos con tal de que esa persona abandone el hogar aunque prácticamente ni se le penalice. “No pagan ni daños ni indemnización, pero por lo menos el propietario recupera su vivienda”, añaden las mismas fuentes. El fin que se logra es el perseguido, recuperar la casa, por lo que los afectados optan por esta vía rápida, casi sin castigo, con tal de reordenar la situación que otros individuos se encargaron de ‘poner patas arriba’.
De no haber este acuerdo se va a juicio; vista en la que los usurpadores de la vivienda se enfrentan a multas de 3 a 6 meses. Hay ocasiones en las que los afectados no buscan acuerdos sino que la persona que ocupó su casa sea penada, dando forma a sentencias condenatorias con multas que serán complicadas de cobrar.
En el caso de la promoción de Loma Colmenar ya son dos las viviendas en las que ha habido un caso de fenómeno ‘okupa’, siendo ambos especialmente graves, ya que el primero afectó a un piso tutelado destinado a Plena Inclusión. Este último caso también está denunciado en la Jefatura Superior desde que se produjo, hace ya un mes, precisamente el tiempo que llevan esperando a poder disfrutar de una vivienda que tiene como finalidad la adaptación y desarrollo de los usuarios de esta entidad.
Personas que se encargan de ‘captar’ las casas
Detrás de este fenómeno subyace el plano delincuencial, ya que hay grupos de individuos encargados de forma específica de ‘captar’ las casas que luego serán ocupadas. Es decir, son personas que se dedican a conocer qué viviendas están vacías durante un tiempo prudencial para informar a otros individuos para que se introduzcan. Se ha dado casos de ocupación de bloques enteros de viviendas, como hace unos años ocurrió en Alfau y en San José. Estas personas, los ‘captadores’, cobran un dinero a los que van a introducirse en las casas por haberles facilitado ese pase. Detenerlos e identificarlos resulta complicado.