Feministas marroquíes reiteran su rechazo a la penalización del aborto

Un colectivo de más de veinte ONG feministas marroquíes reiteraron este jueves su rechazo a que continúe la penalización del aborto, y llamaron a poner fin a los abortos clandestinos en el país, una práctica que se estima entre 600 y 800 casos diarios.

La coordinadora del colectivo "Primavera de la Dignidad" que agrupa a las asociaciones feministas, Faouzia Yassin, pidió "sacar la interrupción voluntaria del embarazo del Código Penal para incluirla en el código sanitario".

Yassin lamentó que el actual gobierno, desde que retiró el proyecto del código penal del Parlamento para incluir otras reformas, nunca contactó a los movimientos feministas para escuchar su concepción sobre una reforma del aborto.

"Tal vez no hay una voluntad política para la despenalización del aborto, y los ministros manifiestan posiciones contradictorias y confusas sobre este fenómeno", criticó la militante feminista.

Por su parte, la abogada y miembro del colectivo, Jadija Rougani, insistió en que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo "es una cuestión de principios para el movimiento feminista" y añadió que es un caso que tiene que formar parte de "sanidad pública y de planificación familiar" en la que el Estado debe tener una política global al respecto y garantizar los métodos anticonceptivos.

La abogada subrayó que en los últimos años hubo propuestas de reforma para permitir el aborto en los casos de violación, incesto o enfermedad mental de la mujer, pero lamentó que fueron rodeados de restricciones y trámites que dificultan su realización.

"En el caso de violación, la mujer por ejemplo está obligada a presentar una denuncia y aportar pruebas para demostrar que es víctima. Son condiciones duras que limitan el derecho de la víctima", criticó Rougani, quien afirmó que la solución sobre el aborto "tiene que ser política".

Según el actual Código Penal, se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que se somete a una interrupción voluntaria del embarazo, mientras que todo aquel que ayuda a una mujer a abortar es castigado con penas de hasta cinco años, y si la mujer muere durante la operación la pena se eleva hasta 20 años.