Feliz Año Nuevo 2011 de restricciones

Los Presupuestos Generales del Estado son uno de los instrumentos más importantes de política económica, pues en ellos se refleja la política fiscal de los Gobiernos. La monetaria está actualmente en manos del Banco Central Europeo. De su elaboración adecuada depende gran parte del desarrollo económico de un país. No obstante, en España han de analizarse teniendo en cuenta todo el proceso descentralizador surgido como consecuencia de creación de las Comunidades Autónomas. A pesar de esta complicación, y de la falta de información a todos los niveles, desde el Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras se ha realizado un magnífico estudio de los Presupuestos para 2011, que paso a resumir y comentar en sus aspectos más importantes.
Lo primero que generan dudas son las previsiones de crecimiento del PIB en 2011 del Gobierno. Según los organismos nacionales e internacionales, y algunos expertos, se situará en torno al 0,6% real. El Gobierno estima que llegará al 1,3% anual. Para que esto suceda, no basta con que un modelo econométrico arroje dicho resultado. En la realidad se necesita que aumente de forma significativa el consumo privado, la inversión en bienes de equipo y el saldo de la balanza de pagos, consecuencia de la disminución de las importaciones. Es decir, tenemos que consumir más bienes internos y también invertir más. ¿Estamos en condiciones de conseguir estos objetivos con unos presupuestos restrictivos y con una política bancaria de dosificación del crédito hasta límites insospechados hace pocos meses?.
Respecto al Presupuesto elaborado por el Gobierno, lo primero que destaca es su objetivo de reducir el déficit en casi dos puntos (del 6,7% al 4,8%). Para ello se apoya en los ingresos que generará un PIB que crezca al 1,3%, junto a un mayor control del fraude fiscal. En lo referente al gasto, se produce un descenso generalizado en casi todas las políticas de gasto, dada la necesidad de dar cobertura a unos mayores gastos financieros (1.683 millones de euros) y a un incremento de las pensiones en 3.586,68 millones de euros, consecuencia de los nuevos pensionistas, y a pesar de su congelación.
En concreto, los empleados públicos perderán poder adquisitivo en 2011 al ver congelados sus salarios (además del recorte de 2010). Las inversiones se recortarán en un 17,6% respecto al año anterior, siendo la mayor parte la correspondiente a infraestructuras (se reducen en un 39,6%) y a vivienda (-18,9%), es decir, las dos partidas que más empleo generan. De la misma forma se recortarán los programas de I+D (-8,4%) y las ayudas al desarrollo (-26,4%), lo que comprometerá gravemente programas de fomento del empleo y dotación de infraestructuras en países en vías de desarrollo.
Sin embargo, todo esto se hace, como se ha dicho, bajo la premisa de un crecimiento del PIB del 1,3% anual. Pero si esto no ocurre, difícilmente se podrá llegar al 6% de déficit, ni a poder conseguir los 23.520 millones de euros adicionales que se necesitan para cumplir nuestros compromisos. Y si esto ocurre, lo que es más que probable, según muchos expertos, se haría necesario aumentar impuestos o reducir partidas de gasto. Es decir, la necesidad de un recorte adicional en la Administración Central se volvería a plantear.
Y en lo referente a las Administraciones territoriales (autonómicas y locales), el panorama se complica como consecuencia de que las mismas han dispuestos en años anteriores de ingresos superiores a los que les hubiera correspondido con la aplicación estricta de la normativa vigente. Esto se ha materializado sobrevalorando los anticipos del Ministerio de Economía, lo que les ha permitido a estas Administraciones disponer de ingresos ficticios de 28.917,13 millones, en el caso de las Comunidades Autónomas, y de 7.492,93 millones de euros, en el de las Corporaciones locales. El cumplimiento de la devolución de estos ingresos superiores a los que les correspondían se ha de hacer en el plazo de cuatro años, lo que conllevará un importante desequilibrio de sus cuentas de ingresos y gastos. Si a esto se le suma el gasto sanitario pendiente de contabilizar (superior a 20.000 millones de euros, según estimaciones), la cosa se complica realmente. Sobre todo para los sectores más débiles de la población, que viven, en muchos casos, del gasto de estas Administraciones. Es decir, el compromiso de déficit en 2010 y 2011 de las Comunidades Autónomas, parece ser la parte más débil de la situación.  
En esta situación la solución no es sencilla. Evidentemente, lo ideal sería avanzar en incrementar el valor añadido de nuestros productos. Pero esto no es posible a corto plazo. Es más rápido incrementar la competencia reduciendo precios (salarios y empleo). También los beneficios empresariales deberían compartir esta reducción.  Como dice el Gabinete de estudios de Comisiones Obreras, la experiencia demuestra que las cosas no son gratis y que los derechos caminan junto a las obligaciones.
Quizás sea el momento de recuperar valores perdidos como el esfuerzo, la responsabilidad o la austeridad bien entendida, aunque sin olvidar que nuestro sistema de protección social cumple un papel determinante en la cohesión social en España. Si sabemos hacer este esfuerzo de forma colectiva, saldremos adelante. Si nos dedicamos a ponernos zancadillas, posiblemente se ganarán elecciones, pero el fracaso como país estará garantizado.  Feliz 2011.