El 22 de noviembre del año pasado, FEAPS lanzó la campaña reivindicativa No quiero desaparecer, denunciando el impacto que la crisis está teniendo sobre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. En aquella ocasión, miles de personas salieron a la calle en toda España para denunciar los recortes en las ayudas y apoyos.
Conmemorando esa fecha, y dentro de la estrategia del Año de la Participación FEAPS 2013, este movimiento asociativo lanza ahora una nueva campaña con el fin de hacer visible la importante contribución que muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo están haciendo para mejorar su situación y la de quienes les rodean en estos tiempos de crisis, para que deje de verse a este colectivo como un problema social.
La campaña juega con el concepto de superhéroes, seres “especiales” que desean mostrar al mundo sus “superpoderes”. Pero esos “superpoderes” no son los que suelen adjudicarse a las mismas (afán de superación, especial alegría, etcétera) sino de otro tipo: derrumbar los prejuicios, mostrarse como una persona más, reivindicar su plena ciudadanía, querer participar en la sociedad como el resto. En definitiva, no son héroes ni villanos, sino que quieren ser “superpersonas” e invitarnos a los demás a serlo también.
Junto a ello, FEAPS no quiere obviar el riesgo de exclusión al que siguen viéndose sometidas estas personas con la crisis, y la pervivencia de multitud de situaciones de discriminación que vulneran algunos de sus derechos fundamentales como el del sufragio, la información, la participación social, el libre disfrute de su ocio, el acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, etcétera.
En este sentido, FEAPS sigue advirtiendo de que la situación socioeconómica y las políticas actuales están haciendo perder a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo cualquier garantía en la cobertura de apoyos y servicios para la autonomía personal, lo que supone una merma en el ejercicio de sus derechos.
Es especialmente preocupante la reducción de los servicios sociales y la desigual tramitación de la legislación de Leyes de Servicios Sociales en el territorio nacional, que se suma a la merma de las prestaciones por motivo de la dependencia. También es especialmente significativa la desaparición de las políticas de discriminación positiva en el ámbito del empleo y la pérdida de derechos en terrenos como la educación, cuya futura legislación condena a niños y niñas con discapacidad a la segregación y la exclusión.
