Padres y madres de seis de los al menos quince migrantes de origen subsahariano que el 6 de febrero de 2014 murieron ahogados intentando acceder a Ceuta bordeando el espigón marítimo fronterizo del Tarajal han vuelvo a solicitar esta semana personarse como acusación particular en la causa que mantiene como procesados por la comisión de presuntos delitos de homicidio imprudente grave con resultado de muerte y denegación de auxilio.
Los interesados en personarse, todos ellos de nacionalidad camerunesa, son los progenitores de otros tantos fallecidos nacidos entre 1986 y 1995. Según el escrito de su representación procesal, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, ya formularon idéntica solicitud con resultado negativo el 23 de febrero de 2015.
El Juzgado número 6 de Ceuta, que instruye la causa, solicitó a finales de 2014 los originales de los poderes y posteriormente los originales de los documentos acreditativos del parentesco de los solicitantes con las personas fallecidas.
Una vez que, tal y como se esperaba, todas las defensas de los guardias civiles han acordado presentar recursos de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto de procesamiento de la instructora, la gran incógnita del caso estriba en cuál será la posición de la Fiscalía, que hasta ahora siempre ha apoyado los dos autos de sobreseimiento dictados, revocados en ambos casos por la instancia superior.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la aceptación de una acusación particular tendría una importancia “capital” para evitar que, si la Fiscalía no acusa, el caso pudiera ser archivado en aplicación de la 'doctrina Botín', con la que el Supremo interpretó que no es posible continuar un procedimiento penal contra una persona cuando quien sostiene la acusación es exclusivamente la acusación popular y no el Ministerio Fiscal o una acusación particular.
Actualmente en la causa del Tarajal figuran como acusaciones populares, además de la Fiscalía, la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatorio de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
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