En 2012, y ya ha llovido, la Guardia Civil se dedicó a repartir octavillas dentro del cuartel de Hadú para recordar a los agentes de la plantilla de Ceuta el sentido de la Ley de Pabellones.
Lo hizo tras las quejas de familiares de guardias civiles por el mal uso de las viviendas de la Comandancia.
Poco ha cambiado desde entonces. El recelo por el mal uso de esos pabellones persiste, también la crítica a cómo se afronta este asunto ya que solicitan un mayor celo o control para garantizar que la adjudicación de esas viviendas es justa y adecuada.
No constan denuncias oficiales al respecto, se desconoce si se han presentado quejas ante las asociaciones que defienden los intereses de los guardias civiles.
Son las familias de agentes las que alzan la voz ya que consideran que se está incurriendo en un mal uso de esos pabellones, reclamando que en los mismos deben vivir aquellos a los que “realmente les haga falta”, sin permitir que haya viviendas que son “usadas como trasteros” o están “sin morar”, explican en declaraciones a El Faro.
Hay agentes que llevan solicitando un pabellón desde hace años. No les ha tocado, pero sus familias se quejan por lo que consideran un mal uso que se da a algunas viviendas y porque cada vez, aseguran, hay menos pabellones ya que los recalifican para oficinas.
Una situación que, por ejemplo, afecta a casi todas las primeras plantas de cada portal.
Las familias afectadas reclaman un mejor uso de las viviendas. Denuncian que hay pabellones adjudicados a guardias civiles que tienen a su familia en la Península y sólo los ocupan el tiempo en que hacen servicio en Ceuta.
Las familias reclaman que se revise el estado de los pabellones, garantizando por ejemplo que los adjudicados a guardias civiles están realmente ocupados por ellos, o que todos dispongan de contrato de agua o de luz actualizados.
De igual forma piden que se repase el estado de esas viviendas, verificando qué pabellones pueden estar siendo utilizados como trasteros, es decir, que las personas que los tienen adjudicados están viviendo realmente fuera, pero emplean ese habitáculo para guardar cosas.
Quienes trasladan las quejas a este periódico exponen que hay familias que están afrontando alquileres elevados, mientras esperan un pabellón. Por eso reclaman que exista la mayor transparencia y que se investigue claramente la situación de los distintos pabellones y su ocupación.
No se trata de una crítica porque sí, sino de reclamar un uso adecuado de esos pabellones, que los mismos sean ocupados por los que han sido adjudicatarios del mismo ajustándose a lo que dice la ley.
La Comandancia de la Guardia Civil es la que recibe la solicitud de pabellón, cuando uno queda libre llaman al primero en la lista, le piden la documentación necesaria y cuando se revisa que la vivienda está en condiciones y apta para ser habitable se entrega.
Los criterios sobre peticiones de pabellón vienen recogidos en publicaciones oficiales del Cuerpo, en donde se indica el proceder de esas adjudicaciones. Se sigue por tanto un orden de prioridad y existe una ley que contempla sanciones para quienes no cumplen las normas.
El uso indebido de pabellones está prohibido y si se detecta la comisión de infracciones se tiene que actuar.
En 2012 tras denuncias de familias de guardias civiles se remitieron notificaciones oficiales por parte de la Comandancia comunicando usos irregulares de pabellones que debían ser, por tanto, abandonados por sus ocupantes. Fue lo que, periodísticamente hablando, se calificó como una ‘caza del pabellón’.
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