Este domingo
se cumplirá una semana desde que Said muriera acribillado a balazos cuando se encontraba en el patio de la vivienda familiar, en la barriada del Príncipe. La persona que le disparó, a la que había criado como si fuera su hijo,
descargó el arma delante de hasta nueve personas más de esta familia, entre adultos y menores de edad. Pudo haber dejado muchas más víctimas en el camino.
Ahora está entre rejas, en prisión preventiva, hasta que llegue el momento de responder ante un Tribunal de Jurado de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. La Policía no ha conseguido recuperar el arma usada para el delito a pesar de las intensas búsquedas por la zona.
El domingo se cumplirán 7 días de una tarde para olvidar, pero cuyas imágenes no se borran de la memoria de los miembros de una familia que fue testigo de un crimen que no podían imaginar que se fuera a llevar a cabo.
Ahora llega lo peor, lo más complicado: reponerse a una vida normal pero con la ausencia de un hermano, hijo o padre que murió en estas condiciones tan duras. Y es aquí, en este punto, donde vuelven a asomar las quejas y denuncias públicas de unos familiares que se están encontrando solos ante tal situación sobrevenida. Tuvieron que denunciar la falta de asistencia psicológica para que de inmediato recibieran una llamada para activar los servicios iniciales que coordina la Ciudad Autónoma.
Este viernes fueron a reclamar a sus centros de salud correspondientes el tratamiento psicológico que necesitan los familiares que fueron testigos de esos disparos. Algunos tienen como centro de referencia el del Tarajal, situado en las instalaciones del HUCE; otros, en cambio, el de Otero. Tal y como han expuesto los familiares de Said en declaraciones a este periódico, en el centro del Tarajal no han tenido problema alguno y se les ofreció la atención necesaria para que desde el mismo lunes puedan empezar a recibir tratamiento psicológico. Por el contrario, denuncian, esta situación no se ha repetido en el centro de Otero, a donde los familiares acudieron este viernes sin poder obtener cita para empezar a recibir tratamiento psicológico. Instan
a Ingesa a actuar de manera inmediata porque hay miembros de la familia que están muy afectados, algo más grave aún en el caso de los menores que fueron testigos del crimen. No entienden cómo en un centro se les ha tramitado todo sin problemas mientras que en el de Otero no, recalcando que el trato recibido no fue además el adecuado. Reclaman una solución rápida ya que en situaciones así el paso del tiempo sin un tratamiento es la peor de las recetas.