Omar Touanina, un joven marroquí internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, ha iniciado una huelga de hambre para exigir al Gobierno español la revisión de su solicitud de asilo.
Según fuentes cercanas al caso y reportes de El Periódico de Catalunya confirmados por EFE, Touanina lleva ya cinco días sin ingerir alimentos ni medicación, tras haber visto rechazada su petición de protección internacional hace aproximadamente un mes.
El joven alega que, de ser devuelto a Marruecos, teme represalias por su participación como soldado entre 2014 y 2017 en operaciones contra bandas dedicadas al tráfico de drogas y armas.
Según el escrito presentado por su abogado, Fernando Martínez, Touanina habría llegado a matar a un presunto miembro de una organización criminal durante esas operaciones, lo que aumenta el riesgo individualizado de sufrir ataques si es expulsado a su país de origen.
En su nueva petición de asilo, Touanina solicita su puesta en libertad inmediata, invocando un “hecho nuevo sobrevenido de extrema gravedad” debido al deterioro clínico derivado de la huelga de hambre.
La normativa vigente establece que el tiempo máximo de internamiento en un CIE es de 40 días, y su equipo legal argumenta que la situación actual representa un riesgo vital que requiere medidas urgentes.
El interno fue trasladado recientemente a urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, donde los médicos constataron que no presenta alteraciones psicopatológicas, pero sí ideas pasivas de muerte y una negativa voluntaria a comer, manteniendo su huelga bajo custodia policial.
Tras la valoración médica, fue dado de alta y retornado al CIE, donde continúa en ayuno estricto mientras se tramita la solicitud de revisión de su expediente de asilo.
Touanina sostiene que su participación en operaciones contra narcotraficantes en Marruecos le expone a un riesgo real de represalias individuales.
Este argumento se centra en la protección prevista por la legislación de asilo, que contempla situaciones en las que un solicitante enfrenta amenazas concretas debido a su historial personal o profesional.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos que denuncian las condiciones de los CIE en España, así como la necesidad de garantizar la protección de personas en riesgo en sus países de origen.
La huelga de hambre de Touanina subraya la tensión entre los procedimientos de internamiento, la tramitación de asilo y los riesgos individuales de los solicitantes.
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