Los últimos días han venido marcados por la polémica a costa del estado de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Si en algo deben coincidir asociaciones y Dirección General es en querer no solo lo mejor para sus agentes, sino también la más adecuada disposición de recursos.
Se ha optado por llevar a lo público la exposición de una serie de incidencias que no benefician precisamente a quienes tienen la función de garantizar la ley y perseguir a narcotraficantes y pasadores de inmigrantes. Todo lo contrario.
Reclamar mejoras en recursos es la labor fundamental de una asociación, pero también lo es saber medir la forma de hacerlo porque quizá el efecto pretendido sea el contrario.
La asociación Jucil insta a la delegada del Gobierno a pronunciarse sobre el estado de unas embarcaciones que ya han obtenido la declaración de la Dirección General de la Guardia Civil y de otra asociación como AUGC.
Convertir esto en un duelo en el que debe mediar Pérez es una petición pueril y absurda. Existen los canales dentro del Instituto Armado para que las asociaciones combatan las manifestaciones de la Dirección General si así lo consideran, fórmulas bien alejadas de transformar esto en una especie de caza a ver quién es el mentiroso.
Llevar la mejora de los agentes -sean de la unidad que sean- a un escenario circense en el que solo falta invitar a todos los medios de comunicación a subirse a las embarcaciones para pilotarlas es tan extremo como impropio, sobre todo cuando hay quienes están queriendo saber más de lo que deben para un fin nada legal. Algo que nunca debe dejarse de lado.
