Expertos de la ONU han criticado la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, haciendo especial hincapié en las disposiciones relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla, ya que, denuncian "podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos".
"Considerando el impacto que podrían tener este tipo de leyes sobre los derechos y libertades fundamentales, deben ser redactadas con cuidado y no pueden ser adoptados de forma precipitada", concluyen los relatores de la ONU.
Los expertos han sido Maina Kiai, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; François Crépeau, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, y Michel Forst, relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos.
"Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar en la legislación nacional el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales", señalaron los relatores especiales a través de un comunicado.
Los expertos de la ONU indicaron que "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", añadieron.
Subrayaron que la propuesta de reforma del Código Penal "incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades".
