El exdelegado de la Gerencia de Justicia se enfrenta a 2 años y medio de cárcel

“Nunca jamás”. Con estas palabras, pronunciadas al menos en cuatro ocasiones, el que fuera jefe de la oficina delegada de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Ceuta, Óscar Miras, negó haber pedido y recibido dinero en sobres de manos del responsable de la empresa Hidalgo para, a cambio, nombrarle depositario judicial de los vehículos intervenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miras, que se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un delito de estafa continuada, se enfrenta a una pena de 2 años y medio de cárcel solicitada tanto por la Fiscalía como por la Acusación Particular. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 dejó el juicio visto para sentencia tras escuchar la declaración del propio Miras, del titular del depósito y de dos de sus trabajadores.

El acusado fue detenido en 2017 por componentes de la Guardia Civil en el transcurso de una investigación en torno al depósito de vehículos intervenidos por la Justicia. En su declaración negó haberle pedido en tres ocasiones distintas 3.000 euros al responsable de ‘Hidalgo’ para nombrarle depositario de los vehículos intervenidos; dos de ellas indicándole que ese dinero era para el Ministerio y una tercera poniendo de excusa que tenía que hacer unas obras en su vivienda de Sevilla. Miras respondió que “nunca jamás” había hecho eso, nunca había pedido ni cobrado esos montantes económicos. Pero, por el contrario, el responsable de la empresa y dos de sus empleados, que declararon ayer como testigos, insistieron en todo lo contrario.

Miras narró primero que no tenía relación alguna con quien le acusa de esos cobros, el empresario José Antonio Hidalgo. Sí reconoció que tuvo que llamarle por teléfono después de que una consejera le hubiera advertido, sorprendida y preocupada, que había sido informada de que se estaban vendiendo “los coches de Justicia”, material que siendo intervenido en operaciones no pueden tener un uso perverso ni menos generar beneficios económicos a ajenos. Supuestamente esa información había salido de boca del empresario lo que desairó a Miras. Hidalgo, en cambio, negó este extremo.

Si el acusado no conocía de nada a quien le denuncia, ¿a qué se debe que le vincule con tres cobros dando pie a este procedimiento judicial? “Él dice muchas cosas pero miente”, aseguró Miras en su declaración, siendo tajante a la hora de negar haber recibido esos cobros: el primero, un sobre de 3.000 euros entregado por el propio Hidalgo en el que era su despacho en Maestranza; el segundo, de manos de un empleado de este en una cafetería de la plaza de los Reyes; y el tercero, solicitado pero nunca recibido. Todos ellos aduciendo que eran cobros para el Ministerio para poder ser depositario judicial salvo el tercero, que Miras lo habría pedido para un uso particular, lo que llevó a que no se le entregara.

Negó los hechos juzgados

El exjefe de la oficina delegada de la Gerencia Territorial negó todo, dijo que era “falso” que se hubiera llevado dinero y que todo era un invento. “Nunca le he pedido dinero, nunca he estado a solas con él, nunca le dije que para ser depositario judicial tenía que pagar”, aclaró, circunscribiendo todos sus contactos con Hidalgo a conversaciones telefónicas o vía mail. “Dice tonterías constantemente”, zanjó. La versión del acusado choca con la del titular del depósito judicial desde 2014, quien declaró que le había pedido dinero diciendo que era para el Ministerio de Justicia, sin concretar más. “Tenía que entregarlo” para ser depositario. Así se le dijo y lo hizo. “He sido engañado y estafado”, repitió. El primer pago de 3.000 euros lo entregó sacándolo de su propia cuenta, mientras que el segundo de otros 3.000 se lo pidió a uno de sus empleados y se lo entregó en mano otro. No se le dio ningún ‘recibí’. Pero el tercer pago, declaró, “ya vi que no era normal” porque esta vez le indicó que no era para el Ministerio sino para unas obras de su casa. “Cogí la puerta y me fui”, dijo el testigo y denunciante. Todo esto no lo señaló antes “por temor” a perder su condición de depositario judicial y fueron peticiones económicas efectuadas en distintos periodos de 2014. En octubre de 2017, tras la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, no incluyó en su declaración haber dado ese dinero “por miedo”. Pero después, en noviembre, volvería a declarar “y ya dije la verdad” tras arrepentirse de no haberlo hecho antes. “Me sentí engañado”, expuso. Declaró que pensaba realmente que los pagos eran para el Ministerio y aunque había firmado un contrato en el que nada se detallaba de esto, no le extrañó que se le pidiera.

Declaración de empleados

Dos empleados de ‘Hidalgo’ declararon para verificar esos cobros. Uno dijo que le prestó a su jefe los 3.000 euros solicitados, para lo que hizo tres extracciones bancarias de 1.000 euros cada una, aportando la documental de ese movimiento. Su jefe le dijo que era para Miras. El otro empleado manifestó haber entregado ese pago en un sobre mostrando su malestar porque no consideraba normal ese gesto: dar dinero en un sobre a alguien de Justicia y en una cafetería, por lo que manifestó que no lo haría más.

En la lectura de sus informes, tanto Fiscalía como Acusación Particular mantuvieron peticiones de cárcel de 2 años y 6 meses, al considerar que habían quedado acreditados los hechos y por tanto enervada la presunción de inocencia del acusado. La representante del Ministerio Público sostuvo su acusación en las manifestaciones del empresario, intactas y persistentes. Aclaró que el engaño había quedado demostrado al solicitarse un dinero en un despacho y para el Ministerio, haciendo creer al perjudicado que existía ese fin. Las declaraciones de los testigos corroboran la tesis incriminatoria. Para la Fiscalía el acusado no supo aportar una excusa que justificara el motivo de acusaciones de tal envergadura hechas contra su persona. En la misma línea se posicionó la Acusación Particular que puso de manifiesto en su informe la existencia de un engaño y un perjuicio económico, usándose por parte del acusado su posición profesional para provocar un error, una falsa creencia en la víctima.

La Defensa de Miras pidió la absolución de su patrocinado al no quedar acreditados los hechos, denunciando que la declaración de los tres testigos estaba preparada, tildándola de “contubernio”, ya que recordaban unos hechos pero no otros. Negó que se estuviera ante un delito de estafa continuada y pidió que se tuviera en cuenta que dos de los testigos que declararon son subordinados del otro, existiendo una dependencia laboral de jefe-empleados que podía haber motivado las manifestaciones.

Lamentó la “deficiente” instrucción y puso en evidencia la inexistencia de un rastro de ese engaño que sí ve la Acusación, echando por tierra la investigación llevada a cabo por parte de la Guardia Civil que no llegó a nada incriminatorio contra su cliente.

En cuestiones previas la Defensa denunció además la vulneración de derechos fundamentales de su patrocinado habiéndose calificado inicialmente los hechos imputados como cohecho para después ser encuadrados en una estafa, formulándose una “acusación sorpresiva”. Fiscalía, examinadas las actuaciones, le rebatió puntualizando que en su declaración como investigado a Miras se le preguntó por variados delitos pudiendo declarar con todas las garantías sin que por tanto se pudiera hablar de una vulneración del principio acusatorio. La magistrada rechazó la cuestión previa planteada.