Román P.C. saliendo del juzgado esta mañana.
Previo acuerdo, por conformidad y para evitar “riesgos” el que fuera funcionario de la Seguridad Social en la Delegación del Gobierno en Asturias y después jefe del servicio de Emigración en la Delegación del Gobierno en Ceuta, Román P.C., ha aceptado una condena por un delito de inmigración ilegal, noticia de la que se ha hecho eco el diario La Nueva España. Ha sido en la Audiencia Provincial de Oviedo donde el excargo de la Delegación caballa ha aceptado una pena de seis meses de prisión por este delito. En base al acuerdo de conformidad, el acusado ha aceptado ser integrante de una red que solicitaba permisos de trabajo a ciudadanos marroquíes. Los hechos se descubrieron en el año 2006 y desde entonces se ha estado instruyendo el caso hasta desembocar en el juicio en el que los once procesados, incluido Román P.C., han alcanzado un acuerdo de conformidad.
El ahora condenado está jubilado y justamente después de que comenzara la investigación en la capital asturiana fue destinado a la Delegación en Ceuta, destaca el diario asturiano. En la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo Román P.C. ha aceptado ser el cabecilla de una red formada por varios vecinos de la localidad de Colloto, entre los que se encontraban su esposa, su hija y su yerno, a través de la cual "solicitaba falsos permisos de trabajo para marroquíes", indica La Nueva España.
Según informa el periodista Luis Ángel Vega, el caso se ha estado instruyendo en el Juzgado número 1 de Oviedo en los últimos once años y uno de los argumentos de la defensa del acusado, sostenida por el abogado Ricardo González, "adujo que era adicto a la cocaína". Además, la defensa sostiene que después de abrirse la investigación se destinó a su cliente al área de Emigración en Ceuta, donde permaneció cinco años. Hoy Román P.C. está jubilado y reside en Gijón.
Sin embargo, precisa el periodista, durante la larga investigación no se pudo demostrar que tanto el funcionario como el resto de implicados efectivamente cobrasen dinero a cambio de esos permisos de trabajo fraudulentos, presuntamente pagados por los ciudadanos marroquíes receptores de los mismos. "Tampoco pudo incriminarse a ningún otro funcionario de la Delegación del Gobierno", agrega, en tanto los permisos de trabajo se tramitaban en la sección de Extranjería.
El resto de los procesados han aceptado penas de multa de tres meses a razón de seis euros diarios, esto es, 540 euros en total. Las penas han sido notablemente rebajadas no solamente a través del acuerdo de conformidad sino que el dictamente del tribunal ha contemplado el atenuante de dilaciones indebidas, informa el periodista de La Nueva España.
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