La defensa del ex profesor del Colegio Concertado (CC) San Agustín que desde finales del año pasado está siendo investigado como presunto autor de delitos de abusos sexuales, pornografía y corrupción de menores ha rechazado en un recurso ante la Audiencia Provincial que esta instancia solo ha estimado parcialmente que se le pueda imputar la comisión de ninguno de ellos.
Aunque el docente, con el que el centro laboral rompió su relación laboral en enero, se ha negado a declarar en todo momento, su defensa considera que “nadie hasta el momento ha hablado o siquiera insinuado la existencia de situación de abuso sexual a menor alguno”, por lo que desde su punto de vista “la imputación es gratuita e inconsistente y no cabe adoptar medida cautelar de forma preventiva por un delito que no consta cometido”.
Respecto al delito de pornografía infantil, según fuentes judiciales la defensa del investigado ha alegado que “la propia Guardia Civil establece que no se han encontrado imágenes de sexo explícito y el material encontrado en ningún caso puede calificarse de pornografía a la luz de la jurisprudencia”.
Desde su punto de vista “solo existirían, en todo caso, indicios de corrupción de menores y se trata de analizar si las imágenes incautadas tienen, prima facie, entidad suficiente para ser subsumible en el tipo penal o si por el contrario no existen indicios racionales de criminalidad suficientes”. “En este caso se niegan expresamente, pues aun cuando en las imágenes pueda aparecer algún joven desnudo, en ningún caso sería encuadrable en el tipo penal”, apostilla.
Para la Fiscalía, sin embargo, “es pornografía la representación de los órganos sexuales de un menor sin necesidad de que exista sexo explícito”.
La jueza instructora de la causa dictó en enero un auto en virtud del cual prohibió a investigado comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de cien metros del menor cuya familia denunció a la Guardia Civil el comportamiento del profesor, así como aproximarse o entrar en el Colegio San Agustín. La Audiencia solo ha reducido a 50 metros “la distancia de separación tanto del menor como del Colegio San Agustín” y solamente porque manteniendo el doble fijado por la resolución recurrida se podría forzar una “inmovilidad total”.
Para la Audiencia Provincial, el criterio seguido por el Juzgado instructor a la hora de aplicar medidas cautelares sobre el docente es “adecuado” en cuanto a “la existencia de suficientes indicios en este momento procesal a través del material incautado de conductas que pudieran atentar contra la libertad sexual de sujetos menores de edad, en concreto en los tipos penales previstos en los artículos 183.1 y 189.1 y 2 cuanto menos”. Que los contactos con los menores fueran “a partir de la relación profesor-alumno en un centro educativo” podría suponer “el agravamiento previsto en el artículo 192 del Código Penal”.
Fuentes cercanas a la familia que, en noviembre, denunció ante la Guardia Civil la localización de imágenes de contenido sexual en el teléfono móvil de un menor en sus conversaciones con el profesor investigado al que Javier Pérez homenajeó con la última ‘levantá’ de Las Penas la pasada Semana Santa han dejado claro que ni el Obispado ni la Vicaría han contactado “en ningún momento” con ella pese a que la Iglesia ha asegurado que para pronunciarse ha seguido “un largo proceso de diálogo y reflexión con los afectados, especialmente la Junta de Gobierno de la Fervorosa y Agustiniana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de Las Penas”.
“Si dice haber con-tactado con ‘los afectados’ no nos tendrá como tales”
“Si dice haber contactado con ‘los afectados’ será que a nosotros no nos considera como tales”, han apuntado.
La Vicaría ha saldado esta semana el caso evitando responder preguntas y con una nota a los medios “aceptando la renuncia” de Pérez, al que ha inhabilitado para ser capataz o cargo de gobierno en ninguna Hermandad durante cinco años. Además, una vez concluida la Magna Mariana del próximo 16 de junio la Cofradía de Las Penas, que hasta la fecha también se ha negado a hacer declaraciones, deberá iniciar el proceso de cabildo de elecciones
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